Junio es el mes de las personas refugiadas, una oportunidad para poner el foco en los más de 122 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo, entre ellas millones de niños y niñas que han visto interrumpida su educación a causa de conflictos y crisis humanitarias.
Conversamos con Alejandra Castellanos, directora regional del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) para América Latina y el Caribe, sobre los desafíos que enfrenta la infancia desplazada y el papel de la educación en emergencia como espacio de protección, en el marco de nuestra campaña Escuela Refugio. La infancia no se ataca, se protege.
¿Qué le dirías a quienes piensan que, en una crisis humanitaria, la educación no es una prioridad?
“La educación en emergencia no puede ser secundaria, sino que es un derecho no derogable que termina salvando vidas y mitigar el riesgo de los niños, niñas y adolescentes”.
La directora regional del JRS recuerda que en América Latina y el Caribe una de cada cuatro personas migrantes es un niño, niña o adolescente por lo que la educación debe ser una prioridad fundamental.
“Imagínense unos niños que tienen que caminar en la noche, que tienen hambre, que han pasado a dormir en las calles, donde la educación o el aula es el primer espacio de normalidad y estabilidad que tiene un niño o una niña. Por primera vez puede sentir que hay un horario, que no hay adultos persiguiéndolos, que tienen una normalidad, que pueden sentirse seguros”.
Para Castellanos, la educación va mucho más allá del aprendizaje académico:
“La educación no es más allá de aprender matemáticas o ciencias sociales, sino es garantizar a un niño un espacio seguro y de estabilidad. Un espacio donde los niños y niñas pueden mitigar estas crisis traumáticas que han tenido durante el camino y que pueden ser acompañadas, no sólo a través del juego, del relacionamiento con el otro, sino también con adultos que sean capaces de brindarles un acompañamiento en su camino educativo”.
¿Cómo logra el JRS que la educación sea un espacio de protección real?
“El JRS logra que sea un espacio de protección real porque reconocemos que debemos hacer un acompañamiento psicoemocional a los niños y niñas. Es decir, no solamente garantizamos el acceso escolar, no es suficiente con que el niño vaya a la escuela”.
Según explica, el acompañamiento educativo debe adaptarse a las circunstancias de cada niño o niña desplazada.
“Es necesario crear programas flexibles que permitan reducir el trauma y reconocer cuáles son las condiciones actuales de los niños.”
Castellanos reconoce el trabajo de JRS para acompañar a la juventud e infancia.
“Tenemos programas donde tenemos psicopedagogos que permiten entender cuál es su ruta migratoria, su historia, qué necesidades tienen, porque son necesidades particulares. Hay niños que llevan años y meses sin estudiar, por lo cual se necesitan atenciones complementarias y sistemas de refuerzo”.
Además, el trabajo incluye el acompañamiento emocional tanto del alumnado como del profesorado.
“No solamente garantizamos un cuaderno, sino que también garantizamos un proceso de acompañamiento psicoemocional al niño, pero también a los profesores que acompañan con distintas herramientas que permitan entender las necesidades diferenciadas de los niños y niñas migrantes en las aulas escolares”.
¿Qué impacto tiene perder el acceso a la escuela?
“El impacto de no poder acceder a la escuela es que prácticamente crea una ruptura dentro de su proyecto de vida. Esto puede llegar a generar un estrés crónico con el tiempo, de desconexión, de desesperanza, de desarraigo, porque prácticamente la escuela es ese espacio seguro que te permite crear un vínculo con las personas que te rodean, pero también haciendo parte de una motivación frente a lo que puedas estudiar”.
Castellanos señala que la escuela es un espacio esencial para construir vínculos, desarrollar expectativas de futuro y fortalecer el sentido de pertenencia.
“A largo plazo hay una desesperanza que también en cierta medida los expone a distintos riesgos, como es el tema del reclutamiento forzado, explotación infantil y otros riesgos sobre la ruta que no garantizan que otros derechos puedan llegar a ser vulnerados para esta población”.
¿Cuáles son las necesidades más urgentes de las infancias desplazadas en América Latina y el Caribe?
La directora regional del JRS resume tres prioridades fundamentales.
“Una es la protección frente a la violencia, necesitamos entornos libres de militarización y espacios libres de conflicto”.
La segunda es el acompañamiento emocional:
“Sabemos que los niños y niñas migrantes han sufrido unas rupturas muy fuertes en su propia estabilidad y necesitamos un acompañamiento que los permita reintegrarse nuevamente dentro de su proyecto de vida”.
Y la tercera tiene que ver con las barreras administrativas:
“No podemos dejar que por un papel o por un documento los niños y niñas no puedan acceder a la educación y esto termine siendo una barrera más por parte de los estados o los entes administrativos en la región”.
¿Qué mensaje enviarías a la comunidad internacional para que el derecho a la educación no se detenga?
Castellanos concluye con una llamada clara a proteger la educación en contextos de movilidad humana y desplazamiento forzado:
“La educación es siempre un acto de esperanza que desde el presente mira al futuro. Tenemos que dejar de reducir los fondos hacia la securitización de las fronteras, sino a sistemas educativos resilientes y abiertos porque al fin y al cabo los niños y niñas y los adolescentes son el futuro de nuestras próximas generaciones”.
En un momento en el que los conflictos, la violencia y los desplazamientos forzados siguen arrebatando a millones de niños y niñas su hogar, su seguridad y su futuro, proteger la educación es más urgente que nunca. La escuela no es un lujo que pueda esperar al final de una emergencia. Es un espacio de protección, estabilidad y esperanza. Es el lugar donde la infancia puede volver a sentirse a salvo.
Hoy, más que nunca, necesitamos escuelas que sean refugio. Porque la infancia no se ataca. Se protege.
