La región de América Latina y el Caribe fue testigo el pasado mes de marzo, del imparable avance del coronavirus desde el otro lado del océano: primero en Asia y luego Europa, hasta los países de su propia región. Ante esta situación de alerta, la respuesta en el continente americano no fue para nada unísona: cada país, cada Gobierno, ha ido optando por medidas muy dispares.
“Aquellos países donde se han tomado medidas de prevención acordes al conocimiento que se tenía de la enfermedad, el número de personas contagiadas y fallecidas es menor”, analiza nuestra compañera Gemma López, responsable del Departamento de América Latina y Caribe, con quien hemos hablado largo y tendido sobre el impacto de la Covid en esta región. “Por el contrario, los que han banalizado la enfermedad están teniendo un número alto de personas fallecidas y contagiadas”.
La desigualdad en el impacto y tratamiento de la crisis epidemiológica provocada por el virus es el denominador común de una región que es, a su vez, la más desigual del mundo. No solo se ven disparidades importantes en el número de personas contagiadas y fallecidas; sino también en la capacidad de realizar pruebas diagnósticas, en la sistematización del registro de casos y, por supuesto, en la gravedad de la crisis económica, social, educativa, sanitaria, etc. como consecuencia directa de la pandemia.
Por ejemplo, si atendemos a la capacidad de la población para confinarse en sus casas, hay que tener en cuenta la situación de pobreza y desigualdad que vive algo más de la mitad de la población latinoamericana. “El 52,6 % de la población de la región se ve obligada a salir a diario a la calle en busca del sustento familiar, por lo que es muy complicado garantizar medidas de confinamiento”, asegura Gemma.
La vivienda es otro condicionante esencial a la hora de poder llevar a cabo las medidas preventivas. Y es que muchas personas no tienen lugares adecuados donde vivir y “hay familias”, concreta Gemma, “en las que la media de personas que habitan en una misma casa es de 6 o 7”. Llevar a cabo las medidas de confinamiento depende, por lo tanto, de si se cuenta con una casa, con salario e internet para poder adquirir alimentos y teletrabajar, unas condiciones de vida que, en América Latina y el Caribe, están reservadas en la mayoría de los casos a la clase media o alta.
¿Dónde queda la educación en esta crisis?
Como era de esperar, la COVID-19 ha afectado gravemente al derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes. Según datos de la UNESCO, en el punto álgido de la pandemia (a finales de abril), 35 países habían suspendido las clases en todos los niveles educativos, afectando a 115 millones de alumnos y alumnas. Sólo 21 países han podido mantener una educación a distancia y únicamente el 44,4% de las familias de América Latina y el Caribe tienen acceso a internet.
Esto ha ampliado gravemente la brecha entre los hijos e hijas de las familias con mayores y menores recursos, “estos últimos ven limitado su acceso a la educación y corren el riesgo de abandonar la escuela y tener que trabajar”, afirma Gemma.
Esta brecha digital no solo existe entre las familias, sino también entre los países, ya que solo el 27% de la población está cubierta por internet 4G. Hay, por tanto, un problema de velocidad y de costes añadidos que condiciona que la educación a distancia pueda llegar a todos y todas.
Para hacer frente a esta realidad, la educación radiofónica ha sido una de las medidas que se han impulsado tanto desde Fe y Alegría, nuestra organización socia en la región, como entre otras instituciones. Se han puesto en marcha programas de radio educativos que se han combinado con el envío de guías, el reparto de material escolar y otras acciones de intermediación y acompañamiento (telefónico, visitas vivienda a vivienda con las precauciones adecuadas, etc).
Colectivos en situación de mayor vulnerabilidad
“La población que a día de hoy es vulnerable, incrementará su vulnerabilidad” tras la crisis por COVID, afirma con rotundidad Gemma cuando habla, por ejemplo, de la población infantil y juvenil que se ha quedado sin escuela y corre un riesgo evidente de abandonar su educación definitivamente. El cierre de colegios conlleva otros efectos perjudiciales para la infancia y juventud, tales como el incremento de la desnutrición, ya que, para muchos niños, niñas y adolescentes el comedor escolar supone la única comida o la comida más completa del día.
Otro grupo de población muy afectado está siendo la población migrante forzosa, bien porque se ha visto obligada a permanecer en países de tránsito sin acceso a derechos sociales (por su condición irregular administrativa), y sin acceso a medios para ganarse la vida, lo que redunda en imposibilidad de arrendar un alojamiento digno; bien porque ha sido obligada a retornar a su país de origen en condiciones inadecuadas que han puesto en riesgo su salud ante la COVID.
Según apunta Gemma, las mujeres, adolescentes y niñas han sido y siguen siendo “víctimas preferentes” de esta crisis, ya que, en un contexto de confinamiento, y sin escuela, han recibido una “carga extra en el cuidado de la casa y las personas enfermas y se ha incrementado la violencia física, psicológica y sexual sobre ellas”.
Ante esta situación, desde Entreculturas y junto a nuestras organizaciones socias hemos puesto en marcha acciones para proteger a la población vulnerable, tales como:
- Garantizar la soberanía alimentaria a través de acciones como la distribución de bolsas de comida o realizando cash-transfers a las familias para la compra de alimentos.
- Ayuda humanitaria a población refugiada, solicitante de asilo y migrante.
- Atención especial a niñas y mujeres.
La Amazonía
El impacto que está sufriendo la Panamazonía en esta pandemia es enorme. Los pueblos indígenas se han visto obligados a replegarse a sus comunidades, ya que las grandes ciudades se están convirtiendo en la puerta de entrada del virus. Cada contagio, cada muerte, es un duro golpe a una población que se concibe como una gran familia: ”desde un punto de vista cultural la comunidad se entiende y percibe como una familia. Toda la comunidad se considera el hogar de la propia población”, por tanto la medida del confinamiento adaptada al contexto amazónico es el aislamiento comunitario, apunta Gemma.
No obstante, esta medida incrementa la vulnerabilidad de pueblos indígenas ya de por sí olvidados, en relación a sus derechos, por los Gobiernos. Decesos como el de Santiago Manuin, líder del pueblo Awajún, fallecido por Covid el pasado 1 de julio, son acontecimientos de los que es difícil reponerse.
A pesar de los estragos de la Covid en esta región, los gobiernos siguen promoviendo la producción extractivista, sin garantizar los derechos de sus pobladores.“El Servicio Jesuita Panamazónico y la REPAM han alertado sobre las extracciones de riquezas, las redes criminales de tráfico y trata de personas y gobiernos que durante este tiempo han accedido al territorio llevando la enfermedad”, denuncia Gemma.
Ante la realidad que está enfrentando América Latina y el Caribe es más necesario que nunca seguir trabajando con las poblaciones más vulnerables para coser esa brecha de desigualdad que amenaza con ensancharse aún más. “Es muy importante trabajar de la mano de nuestras organizaciones socias por el derecho a una educación de calidad para todas y todos, por el acceso a una alimentación adecuada, por el respeto de los Derechos Humanos y por la hospitalidad frente a tendencias de hostilidad”, afirma Gemma.
