Este mes de julio el Gobierno español ha presentado ante las Naciones Unidas los avances y desafíos pendientes en relación a la implementación de la Agenda 2030 en nuestro país, tanto en su versión doméstica como internacional, a través de un Examen Nacional Voluntario (ENV). Para ello, ha elaborado un Informe de Progreso, como balance del Plan de Acción aprobado en 2018, y como anexo al mismo, la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 que será el nuevo documento programático para guiar la puesta en marcha de la Agenda 2030 en nuestro país.
Si bien aplaudimos el esfuerzo del Gobierno por la rendición de cuentas ante las Naciones Unidas, consideramos que es preciso elevar la ambición y acelerar la acción para que la implementación de la Agenda 2030 se traduzca en nuestro país en verdaderas transformaciones sociales, económicas y ambientales hacia un modelo de desarrollo más justo y sostenible.
Casi seis años después de aprobarse la Agenda, España recién está terminando de construir el andamiaje básico para su implementación: una gobernanza que da sus primeros pasos con limitados recursos y sin procedimentar todavía; una estrategia nacional aprobada el pasado 8 de junio que se ve opacada por otras agendas estratégicas del mismo Gobierno. Las organizaciones que conformamos Futuro en Común, como frente amplio de sociedad civil que viene trabajando desde 2015 por una Agenda 2030 transformadora que ponga el planeta y los derechos de todas las personas en el centro de la acción política, hemos preparado este posicionamiento con nuestra visión sobre los contenidos del Informe de Progreso y la recientemente aprobada Estrategia de Desarrollo Sostenible. También incluye recomendaciones a futuro, sobre cómo seguir avanzando una vez se ha aprobado la Estrategia, para mejorarla y para reforzar el sistema de revisión y seguimiento, de forma que se viabilice una medición de progreso significativa.
En relación a esta Estrategia, consideramos que la narrativa general del documento y su enfoque político están muy alineados con las problemáticas y desafíos que venimos trabajando el conjunto de plataformas y organizaciones de la sociedad civil que nos articulamos bajo el paraguas de Futuro en Común. Aspectos como la necesidad de que la Agenda 2030 vehicule el proyecto político común a largo plazo, que sea la hoja de ruta para la reconstrucción tras la crisis multidimensional y global agravada por la COVID-19 de forma alineada con el Plan de Recuperación y Resiliencia, la necesidad de articular la agenda del desarrollo sostenible con la de derechos humanos, o la centralidad de llevar a la práctica la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible para poder aspirar a una Agenda 2030 de verdad transformadora, son algunos ejemplos de las demandas que venimos posicionando en los últimos años y que vemos recogidas en el documento.
Sin embargo, consideramos que existe distancia entre la profundidad y envergadura de los grandes retos identificados y las propuestas enunciadas para implementar las políticas aceleradoras de cada uno de ellos. Así, vemos necesaria mayor coherencia entre diagnóstico y políticas aceleradoras con las metas e indicadores en todos los retos, para evitar perder ambición y potencial transformador conforme se avanza en concreción de cómo abordar los desafíos identificados.
En relación a la dimensión global de nuestro modelo de desarrollo, la Estrategia se compromete con el desarrollo de una Política de Desarrollo Sostenible Global, que valoramos positivamente siempre que tenga vocación de ofrecer el “marco de acción integrado en el que discursos, estrategias y acciones respondan a un mismo propósito y posibilitan que el conjunto de los actores llamados a contribuir al esfuerzo global lo hagan desde el cumplimiento y la coherencia con los principios del desarrollo sostenible y del respeto a los derechos humanos” que la política aceleradora del reto 7 enuncia. Y para que esto sea posible, su puesta en práctica no debe limitarse a la implementación de los fondos de Ayuda Oficial Al Desarrollo (AOD), como se menciona en la descripción de esta política como prioridad de actuación. Por el contrario, para “posibilitar el avance de la Agenda 2030 fuera de nuestras fronteras, contribuyendo, además, a la protección de los bienes públicos globales” debe englobar toda la acción exterior y, como parte de ésta, la política de cooperación al desarrollo.
Además, valoramos que es necesario hacer un trabajo de identificación de indicadores que sean capaces de cuantificar aspectos relevantes de nuestro impacto en el mundo y que ayuden a plantear metas ambiciosas, dando seguimiento a cuestiones clave como la CPDS en la acción exterior, la debida diligencia, el alineamiento de la política de Comercio Exterior con los ODS y el cumplimiento de derechos humanos. En definitiva, poder medir avances hacia una acción exterior que contribuya al desarrollo sostenible global, la protección y garantía de los derechos humanos, la igualdad de género y a frenar el cambio climático.
La Agenda 2030 destaca en el ODS 16 la importancia de un espacio cívico de calidad —con implicación de todas las personas, especialmente de las que se están quedando atrás— como condición necesaria para el avance democrático y de los procesos de desarrollo sostenible. En esta Estrategia apenas se menciona la cuestión del espacio cívico pero desde Futuro en Común pensamos que es un tema central. Por eso proponemos la derogación de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en el 2022, así como revisar cualquier otra regulación complementaria que pueda reducir o limitar el derecho de reunión, expresión, información y movilización ciudadana. Además, debería impulsarse una estrategia transversal de apoyo a la sociedad civil y mecanismos concretos y efectivos de protección de las personas defensoras de los derechos humanos y el medioambiente.
Recomendaciones a futuro
La Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 recoge la demanda de Futuro en Común de pasar del discurso a la práctica y promover la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible en toda la acción de gobierno, a través de un sistema integral de promoción y seguimiento de la CPDS. Asumiendo este compromiso del Gobierno, recomendamos la identificación detallada de un marco analítico, un marco institucional y un marco instrumental para la implementación y seguimiento del sistema, así como con la consecuente dotación de recursos humanos, económicos y técnicos para su puesta en práctica.
En relación al alineamiento presupuestario, consideramos que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado debe ir acompañado obligatoriamente de un análisis integral de su contribución al desarrollo sostenible según el modelo promovido desde la Agenda 2030. En este sentido, el Informe de Hacienda sobre alineamiento del proyecto PGE con la Agenda 2030 se considera un buen primer ejercicio que puede servir de punto de partida, pero debe seguir madurándose. Así, consideramos necesario que se incorpore la premisa de contribución al desarrollo sostenible de manera integral en las fases de diseño y seguimiento a la implementación de los PGE, para asegurar que el conjunto de sus partidas se ponen al servicio de la Agenda 2030.
El verdadero reto no es saber cuánto se invierte en líneas de actuación que ayudan a implementar una o más de las 169 metas de los ODS (como es el caso en el actual ejercicio de alineación presupuestaria), sino poder garantizar que todas las líneas de actuación están diseñadas y ejecutadas de una manera que puedan tener un impacto positivo en todos los ODS y metas de la Estrategia de Desarrollo Sostenible.
