Fotos de Pueblos Unidos – SJM
La migración en Europa, y el caso de España, sigue siendo uno de los temas más complejos y controvertidos de la agenda pública. En 2024, las políticas migratorias han avanzado entre tensiones, debates y pequeños hitos que ofrecen destellos de esperanza por un lado, pero por otro lado, medidas radicales que ponen en riesgo los derechos de todas las personas que han migrado o están a las puertas de migrar. En el centro de estas discusiones está el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, los cambios normativos en España y una creciente presión desde la sociedad civil para priorizar los derechos humanos en la gestión migratoria.
2024 ha sido un año clave para el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo (PEMA); presentado inicialmente en 2020, y sigue siendo un tema de intenso debate, con discusiones más intensas sobre la solidaridad entre Estados miembros y el establecimiento de mecanismos de reubicación obligatoria. “El PEMA es un marco sobre el que los países se tienen que mover y desgraciadamente ese marco no excluye prácticas que atentan directamente contra los derechos humanos”, afirma Unai Sanz del departamento de Incidencia Política de Entreculturas. “Por eso los planes de implementación que haga cada país son tan importantes, y por eso estamos viendo políticas migratorias tan distintas como las de Italia o España” agrega Unai.
Este marco legal busca equilibrar responsabilidades entre los Estados miembros en la acogida y gestión de los flujos migratorios. Sin embargo, su enfoque en la externalización de fronteras y el endurecimiento de los controles sigue generando críticas.
En el plano nacional, y casi en paralelo, España dio un paso significativo con la aprobación a trámite en abril de 2024 de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por redes ciudadanas una coalición de más de 200 organizaciones en la que participamos desde Entreculturas, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y Pueblos Unidos, bajo el lema ¡Regularización Ya!. Este proyecto, respaldado por más de 600.000 firmas, propone medidas concretas para regularizar la situación de miles de personas migrantes que viven en España en condiciones de vulnerabilidad.
“Está por ver si los principios de la ILP van a estar presentes en la implementación del PEMA, o no. Con la reciente reforma del Reglamento de Extranjería, España ha facilitado procedimientos de regularización a través de figuras como el arraigo social, académico y laboral, y eso es una noticia positiva, aunque no cubra todo lo que pedía la ILP”, señala Unai Sanz.
La aprobación a trámite de esta ILP en el Congreso supone un hito histórico, no solo por su contenido sino porque evidencia la fuerza del tejido social español en la defensa de los derechos humanos. “El trámite de la “actual Propuesta de Ley» se encuentra en un período de enmiendas (sugerencias y propuestas de los partidos a su articulado), para la elaboración de un dictamen que saldrá de «la ponencia» a puertas cerradas de los partidos políticos, y que pasará por el Congreso, el Senado, y volverá al Pleno del Congreso para su debate, y posible aprobación este mismo año para la regularización administrativa de alrededor de 500.000 mil personas migrantes” señala la iniciativa #RegularizaciónYA, un movimiento estatal que suma colectivos, redes y organizaciones de las redes de personas migrantes y racializadas.
La reforma de la Ley de Extranjería: avances y desafíos
A la par, el Gobierno Español aprobó una reforma de la Ley de Extranjería que busca modernizar y humanizar el sistema de gestión migratoria. Entre las principales modificaciones están la flexibilización de los requisitos para el arraigo laboral y la ampliación de las oportunidades de regularización para menores no acompañados al alcanzar la mayoría de edad.
Sin embargo, las organizaciones hemos advertido que esta reforma, aunque positiva, sigue siendo insuficiente. Se mantiene una rigidez burocrática que excluye a miles de personas, perpetuando situaciones de irregularidad administrativa que alimentan la explotación laboral y la exclusión social como lo explica la abogada del centro Pueblos Unidos, Marta Sánchez- Briñas “Una de las sombras que veo es el tema de los solicitantes de asilo, porque se le pone contador a cero cuando les deniegan el asilo, es decir el tiempo que están como solicitantes de asilo no les cuenta para después pedir el arraigo” y agrega que “podrían estar seis meses en situación administrativa irregular para poder presentar su arraigo social, creo que ahí va a perjudicar y va a llevar a la gente a una irregularidad sobrevenida”.
Informe CIE: una radiografía del internamiento
El “Informe CIE 2023: Internamiento Muteado”, elaborado por el SJM, arroja luz sobre la opacidad y las condiciones inhumanas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en España. Según este informe, el 78% de las personas detenidas en los CIE no acaban siendo expulsadas, lo que cuestiona la eficacia y justificación de estas instalaciones.
El documento destaca también la falta de transparencia en la gestión de los CIE. Esta problemática quedó reflejada en un fallo reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que condenó al Ministerio del Interior por no facilitar información pública sobre estos centros, tras una denuncia interpuesta por el SJM. Este fallo es una victoria importante para la sociedad civil, pues refuerza el derecho a la información y exige mayor rendición de cuentas en políticas migratorias.
Por estas razones y por todo el camino que tendremos que recorrer, este 18 de diciembre, Día de las Personas Migrantes, seguimos alzando la voz y dando voz a las personas migrantes a través de la campaña Soy Acogida, que impulsamos desde Pueblos Unidos y Entreculturas, con la que buscamos sensibilizar a la población sobre la importancia de una acogida que promueva derechos y con la que queremos, además, transformar las narrativas en torno a la realidad de las migraciones.
La experiencia nos demuestra que el cambio es posible cuando la sociedad civil, las instituciones y los movimientos de base trabajan juntos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Las personas migrantes y refugiadas no son cifras ni estadísticas: son historias, sueños y realidades que merecen ser escuchadas y respetadas. Las personas migrantes no son un problema que resolver: representan la oportunidad para crecer, para aprender y compartir, para construir futuro, oportunidades y esperanza.
