De cara a la 25ª Cumbre de las Partes (COP25) sobre cambio climático que iba a celebrarse en Chile pero finalmente da comienzo en Madrid esta semana, la Compañía de Jesús en Chile ha elaborado un documento de posicionamiento político con motivo de tal relevante cita poniendo a las personas más vulnerables en el centro. Entre sus conclusiones, nos alineamos y destacamos que las personas en situación de pobreza y exclusión social se encuentran más vulnerables a las amenazas medioambientales que el resto de la población. En torno a esto, suelen estar más expuestas a los desastres naturales, sufrir más daños al recibir su impacto, y su recuperación tiende a ser más lenta y difícil que en comparación a las personas no empobrecidas.
Además, en el Informe “Medioambiente y pobreza: construir resiliencia frente al cambio climático” destacan que cuentan con una menor capacidad para hacer valer sus derechos civiles relativos a la participación en decisiones que pueden afectar su bienestar, lo cual los vuelve más vulnerables frente a la desigual distribución de los costos y beneficios medioambientales (como la contaminación o los impuestos verdes). El solo hecho de vivir en un medioambiente expuesto a desastres naturales o contaminación constituye una forma de privación que puede afectar el cumplimiento de derechos fundamentales, en la medida que constituye una de las dimensiones del bienestar humano. No obstante, la relación entre la pobreza y el medioambiente es compleja, con características que dependen en gran medida de cada contexto territorial.
Pero más allá de estas particularidades, la clave está promover un desarrollo realmente sostenible, capaz de impulsar el crecimiento económico y la protección del medioambiente bajo una perspectiva ética que ponga la equidad, la justicia social y la dignidad humana al centro. De otro modo, el estímulo de la productividad y el cuidado del planeta implicarán sacrificios que serán asumidos por quienes poseen menos recursos para oponerse a ellos. A pesar del significativo crecimiento económico y disminución de la pobreza por parte del país, Chile no está ajeno a este tipo de desigualdad, lo cual nos interpela sobre cuáles son los costos de ese crecimiento y quiénes lo están asumiendo.
Desde Entreculturas, nos alineamos con la propuesta del Informe que impulsa el rol fundamental de la sociedad civil en lo que respecta a la construcción de resiliencia social, concepto que necesariamente debe ser entendido desde la ética de los derechos humanos para ser congruente con el desarrollo humano. Dicho de otra manera, no se espera que las personas en situación de pobreza y exclusión social se “adapten” a los problemas medioambientales mediante la resignación y la renuncia a ejercer derechos básicos, sino que –justamente- esa forma de adaptación les permita garantizar sus derechos fundamentales. Por último, las ONGs abocadas al desarrollo humano, como parte de la sociedad civil, disponemos de distintas aproximaciones para contribuir a la construcción y el fortalecimiento de la resiliencia a escala comunitaria. La reducción de la pobreza y la inclusión social, la participación en momentos claves del ciclo de gestión de riesgos poniendo a disposición sus recursos y expertise, y el fortalecimiento de los vínculos entre -y dentro de- las comunidades y otros actores organizacionales e institucionales, son ejemplos de este tipo de medidas.