“Hacemos un llamamiento a la ciudadanía a interesarse y presionar a los gobiernos y administraciones para que tomen medidas frente al reto que nos plantean las migraciones climáticas”. Esta es una de las recomendaciones que incluye el documento “Desplazamientos y Migraciones Climáticas: un reto que debemos afrontar” que ayer presentamos en CONAMA una plataforma de la que formamos parte junto con Ayuda en Acción y ECODES. Con este informe, elaborado por la investigadora Beatriz Felipe, las tres organizaciones sociales lanzamos al conjunto de la sociedad una llamada de atención sobre un fenómeno que afecta ya a millones de personas en el mundo y que tendrá también su impacto en nuestro país.
El documento de la Plataforma de Desplazamientos y Migraciones Climáticas, que integran las tres entidades sociales, realiza, en primer lugar, una aproximación a la relación entre el cambio climático y la movilidad humana, explica la definición de “migración climática”, describe sus características, analiza el porqué de las distintas cifras que se manejan, aborda el complicado asunto de la protección jurídica, analiza las políticas internacionales y, por último, se ocupa de la situación en España en este ámbito.
La segunda parte del documento recoge nueve recomendaciones que planteamos para “afrontar este reto” y que interpelan a los estados, a las empresas, a los medios de comunicación y al conjunto de la ciudadanía.
Beatriz Felipe envío un vídeo desde la Amazonía ecuatoriana, dónde está realizando un trabajo de campo, en el que, en primer lugar, señalaba que el informe contiene los avances más recientes en algunos de los temas que han generado debates candentes desde los últimos años como son las cifras, la denominación o la protección jurídica de estas personas.
La autora destacó que en este documento se han incluido testimonios de personas migrantes tanto en sus países de origen como de aquellas que han tenido que trasladarse a otros países, “testimonios que demuestran que se trata de una situación real, grave y que afecta a las personas más vulnerables hoy en día y si los impactos del cambio climático siguen en aumento la situación irá a peor” y añadía que “las migraciones climáticas afectan con mayor gravedad a quienes viven en el Sur global”.
Por su parte Susana Borrás, profesora de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y una de las principales expertas en derecho ambiental de nuestro país, recordó que “más del 80% de las emisiones globales se atribuyen a los carbon majors, pero las regiones del Sur global son las que están sufriendo las peores consecuencias». «Los mayores movimientos de población -añadió- no se producen cruzando las fronteras internacionales sino dentro del mismo país y muchas personas no tienen la posibilidad de ser población migratoria, hablamos de personas que carecen de los medios socioeconómicos para hacerlo, son poblaciones atrapadas o, como se las suele denominar, ‘trapped populations’.”
La investigadora recordó que, según la Oficina de Migraciones Internacionales, organismo vinculado a la ONU, «el cambio climático está provocando ya más movilidad humana que los conflictos bélicos, empeora condiciones de vida de poblaciones, sobre todo de las más vulnerables, intensifica los efectos de los desastres naturales, puede provocar desterritorialización y genera conflictos por recursos naturales.
El informe señala que España no es ajena a los impactos del cambio climático, ya que es el país europeo que más riesgo de desertificación tiene y en unos años podríamos enfrentarnos a migraciones climáticas a causa de la degradación ambiental.
Borrás denunció que «no tenemos actualmente ningún instrumento internacional que aborde el fenómeno de las migraciones climáticas como instrumento jurídico. Existen diferentes avances en la agenda climática: Agenda 2030, Acuerdos de París, Plataforma sobre Desplazamientos por Desastres, El Pacto Global y el Pacto Mundial para los Refugiados entre otros, pero el problema es que las agendas climáticas no están interconectadas. Estamos ante una realidad de políticas que están dispersas y por eso llegamos a contradicciones” y concluyó su intervención denunciando «que las migraciones climáticas no estén reconocidas en el derecho internacional no significa que no exista esta realidad».
Manuel Carmona, responsable de Políticas de Adaptación al Cambio Climático de la Dirección General del Clima de la Comisión Europea, manifestó que «no podemos seguir ignorando las migraciones climáticas. Cuando vemos los datos de informes como el del Banco Mundial, que señala que las migraciones puede afectar en los próximos años a 150 millones de personas, no podemos cerrar los ojos, y quien lo haga que se atenga a las consecuencias». Señaló también que “se ha disparado el número de estudios y evidencias sobre conexiones entre cambio climático y migraciones, hecho que debería generar mayor capacidad para actuar frente a las migraciones climáticas”. Asimismo, anunció que la Comisión Europea ha propuesto un aumento del 5% en el presupuesto para hacer frente al cambio climático.
Para presentar las recomendaciones que plantea la Plataforma intervinieron representantes de las tres entidades. Alberto Casado, director de Campañas de Ayuda en Acción, señaló que “no nos deben detener las denominaciones jurídicas del problema a la hora de dar respuesta a las migraciones climáticas» y que “los Pactos Mundiales de Refugio y Migración son una oportunidad para reconocer los movimientos de población inducidos por la degradación ambiental y mejorar su situación, por lo que los Estados deben adoptarlos e implementar las medidas estipuladas”.
Por su parte nuestra compañera Irene Ortega, coordinadora del Área de Ciudadanía, planteó que “el Norte global tiene que propiciar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático por cuestión de responsabilidad colectiva; las migraciones climáticas son responsabilidad de todos y más de los países «avanzados», pues los países que menos han contribuido al cambio climático son los que más están sufriendo las consecuencias”.
El documento también interpela a las grandes empresas recordó Ortega, “deben asumir su responsabilidad sobre todo aquellas relacionadas con el sector de la energía, son responsables de gran proporción de las emisiones históricas y presentes y la forma de asumir su responsabilidad en el calentamiento global es, entre otras, implementar formas de producción más limpias”.
A las recomendaciones para los estados y las empresas la representante de Ayuda en Acción añadió un mensaje para la ciudadanía: “el cambio de estilos de vida y modelos de consumo responsables nos permitirán reducir nuestra huella climática y las consecuencias que lleva asociadas, como son las migraciones climáticas”.
Por último, Cristina Monge, directora de Conversaciones de ECODES, comenzó señalando que “debemos seguir trabajando para consensuar una metodología que permita unificar los datos estadísticos y documentar esta tipología de movilidad humana. La falta de datos concretos no debe impedir el desarrollo de políticas y medidas de protección para quienes migran.” Monge reclamó que «los medios de comunicación que informan sobre migraciones climáticas deben informar de manera rigurosa y seria para hacer llegar el mensaje a la población sin generar opiniones contrarias o contraproducentes». Concluyó con un “llamamiento a la ciudadanía a interesarse y presionar a los gobiernos y administraciones para que tomen medidas” y anunciando que la Plataforma, con la fuerza de contar con tres visiones complementarias y la colaboración del mundo académico, dará continuidad a su trabajo en común presentado este informe a los grupos políticos, a responsables de distintas administraciones y a todo tipo de entidades.
