En el Día de los Derechos Humanos ponemos el foco en la situación que viven las personas migrantes y solicitantes de asilo centroamericanas en su travesía hacia Estados Unidos. Hacinamiento, trato inhumano, vulneración de sus derechos básicos, detenciones arbitrarias, hostigamiento, cierre de fronteras…. son solo algunas de las situaciones que afrontan en su búsqueda a una vida digna lejos de la pobreza y la violencia.
El día 12 de octubre de 2018 salió de San Pedro Sula, Honduras, el primer grupo de la llamada Caravana de Migrantes centroamericanos, conformada por más de 7.000 personas desplazadas por el contexto de violencia y pobreza generalizadas en Honduras. A ellas se han unido otras personas centroamericanas, sobre todo salvadoreñas. Las personas migrantes decidieron caminar en grupo para reducir los riesgos y la vulnerabilidad a la que están expuestos en la migración individual: un éxodo que debe ser entendido como una expresión de resistencia y desesperación de un amplio sector de la población que decidió afrontar la pobreza y la violencia con el único fin de mantener la vida y seguridad para sus familias.
El pasado jueves 6 de diciembre nuestra organización socia, la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica Norteamérica (RJM CANA), junto a otras organizaciones sociales, presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, la situación de los derechos humanos de las personas que integran la Caravana de Migrantes, explicando las causas que provocaron la salida de miles de personas y la responsabilidad de los países de origen, la política de criminalización y el cierre de fronteras que se ha implementado por parte de todos los Estados de la región, así como el patrón de hostigamiento, dispersión, detención y privación de la libertad arbitrarias y deportaciones masivas, utilizado por el gobierno mexicano para fragmentar al grupo del éxodo.
El grueso del éxodo de la Caravana de Migrantes Centroamericanos (más de 6.000 personas) se encuentra actualmente en la Ciudad de Tijuana, frontera noroeste de México con Estados Unidos. Su situación es gravísima, y preocupan especialmente la situación de emergencia en la que se encuentran estas personas; el patrón de disuasión, hostigamiento, detenciones y deportaciones que están sufriendo; la represión y los hechos violentos que se están dando por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses en el muro fronterizo; y las restricciones al derecho de solicitar asilo en EE. UU.
¿Qué están afrontando?
1. La situación de emergencia humanitaria en la que se encuentran las miles de personas que integran la caravana. La ayuda humanitaria en los espacios y albergues de Tijuana es limitada e insuficiente.
Desde la llegada del primer grupo de personas a mediados de noviembre, la ciudad de Tijuana ha sido un contexto hostil por parte del gobierno municipal, estatal y federal, y algunos grupos anti-inmigrantes de la población local. El gobierno local habilitó la Unidad Deportiva Benito Juárez como albergue. Ante las carencias de dicho espacio para albergar a la Caravana, el 30 de noviembre se habilitó otro espacio como albergue, conocido como El Barretal. El lugar se encuentra a 20 km de distancia de la frontera, lejos de los lugares para realizar los trámites migratorios, lejos de las filas de inscripción a la lista de espera para solicitar Asilo en Estados Unidos y buscar trabajo. Muchas personas han optado por quedarse viviendo en las calles alrededor de la Unidad Deportiva Benito Juárez. Las condiciones en las que se encuentran estas familias y jóvenes han empeorado, duermen en la calle y no tienen acceso a ningún servicio. Además se enfrentan al hostigamiento constante de grupos anti-migrantes y la amenaza permanente de que la policía municipal les desaloje. En el nuevo albergue, El Barretal, hay más de 3.000 personas. Los baños son insuficientes y muchas personas duermen al aire libre. La ayuda y alimentación es controlada por la Marina, no es suficiente para todas las personas, y no existe claridad sobre las autoridades responsables del espacio.
2. El patrón de disuasión, hostigamiento, detenciones arbitrarias masivas y deportaciones irregulares, que atenta contra los derechos humanos y el derecho a solicitar asilo.
Desde que los migrantes llegaron a Tijuana, se han desarrollado detenciones arbitrarias masivas y deportaciones irregulares. Este patrón ha consistido en detener a las personas de manera arbitraria tanto dentro de las instalaciones del albergue, como en sus alrededores, privarlas de libertad en instalaciones de policía municipal y trasladarlas luego a Estaciones Migratorias (centros de internamiento). La forma en que se han desarrollado estas acciones vulneran el derecho a la libertad personal y a garantías administrativas y judiciales. En promedio, las organizaciones han observado que los traslados realizados por el Instituto Nacional de Migración de la Estación Migratoria en Tijuana a la Estación Migratoria en Tapachula (esto es, de la frontera norte a la frontera sur de México), se están llevando a cabo de manera expedita en un periodo de 5 días aproximadamente como mucho. Las personas solicitantes de asilo no sólo son privadas de libertad sino que también se busca su deportación de la manera más rápida posible, vulnerando así su derecho a buscar y recibir asilo y el principio de no devolución que impide que ningún extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país donde su derecho a la vida está en riesgo.
3. Represión y hechos violentos por parte de autoridades mexicanas y estadounidenses en el muro fronterizo.
Los hechos del pasado 25 de noviembre revisten mucha gravedad. Por la mañana, entre 500 y 700 personas aproximadamente salieron en una marcha pacífica del albergue Benito Juárez hacia la Garita internacional El Chaparral, ante el bloqueo por policía federal y municipal en el puente del Chaparral, cientos de migrantes decidieron rodear el cerco y abrirse camino por las inmediaciones del río Tijuana. Las personas se dispersaran sin rumbo, algunas acercándose al muro por las vías del tren, otras por el río, y unas cuantas más por la Garita El Chaparral. Las autoridades migratorias de Estados Unidos lanzaron en repetidas ocasiones bombas de gas lacrimógeno y balas de goma sobre las personas, sin importar la presencia de mujeres y niños en el área.
4. Restricciones al derecho a solicitar asilo en EE. UU.
El gobierno de Estados Unidos ha utilizado la caravana como una excusa para justificar el endurecimiento de la ley migratoria a lo largo de la frontera y para justificar la necesidad de restringir el acceso al asilo a migrantes, de maneras que infringen la ley internacional de los derechos humanos y de los refugiados y la propia ley de Estados Unidos. Son múltiples las acciones que ha tomado el actual gobierno de Estados Unidos en aras de disuadir e impedir la llegada de migrantes, entre ellas, por ejemplo, la limitación de tramitación diaria de solicitudes a entre 40 y 100 casos. A este ritmo, las personas que llegaron recientemente a Tijuana tardarán más de dos meses en poder formalizar su solicitud. A estas acciones se suman meses de retórica criminalizando a los migrantes, tratándoles como una cuestión de seguridad nacional, sin reconocer su carácter de migrantes en situación de vulnerabilidad y el carácter de refugiados de muchos de ellos.
La RJM CANA pide a la CIDH que emita recomendaciones y solicite información a los Estados de la región Centroamérica y Norteamérica para proteger y garantizar la vida e integridad física de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Que recuerde a los estados de México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y El Salvador sus obligaciones en materia de derechos humanos con sus nacionales y los extranjeros que ingresan o intentan ingresar a su territorio, particularmente cuando se trata de solicitantes de asilo. Y que inste al gobierno mexicano y estadounidense a no implementar ningún programa, acuerdo o presupuesto que coloque a la población migrante y solicitante de asilo en mayor riesgo y les exponga a una vulneración de sus derechos al debido proceso y al asilo, como las propuestas de Programa Quédate en México y Tercer País Seguro que han aparecido en la prensa y a la que las organizaciones de la sociedad civil se han opuesto.
