El pasado mes de julio el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, del que Entreculturas forma parte, ha enviado una carta al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, solicitando una ley de debida diligencia en materia de Derechos Humanos y en materia medioambiental.
En el contexto actual muchas empresas desarrollan sus actividades o comercializan sus productos en mercados supranacionales, y junto a las buenas prácticas empresariales, también son frecuentes los casos de vulneraciones a los derechos humanos o daños al medio ambiente a consecuencia de sus actividades e impactos.
El elemento transnacional unido a las complejas estructuras corporativas, y a la ausencia de estándares legales que definan las obligaciones de las empresas y aseguren el acceso a la justicia a las víctimas de malas prácticas corporativas, crean una situación con importantes lagunas jurídicas, que permiten a las empresas evadir sus responsabilidades, y que las víctimas se vean imposibilitadas para ejercer su derecho de acceso a la justicia.
Algunos estados europeos, como Francia y Países Bajos, ya han adoptado medidas legislativas para para prevenir y evitar que estos casos se sigan produciendo. Y otros países, Suiza, Dinamarca y Austria, están en proceso de aprobar normativas al respecto.
Además, el pasado 29 de abril el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, se comprometió con una iniciativa legislativa obligatoria para las empresas europeas que establecerá obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente.
Por ello, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa reclama a España que siga la senda iniciada por estos países y apruebe una ley de debida diligencia en derechos humanos y en materia medioambiental, que contemple también la responsabilidad jurídica de la empresa matriz española por posibles vulneraciones de derechos y ambientales en el exterior, cumpliendo así el compromiso adquirido por parte de los partidos miembros de la coalición de gobierno actual en sus programas electorales.
De manera paralela a este proceso, el pasado 6 de julio 110 obispos de todo el mundo han publicado una declaración solicitando igualmente una legislación vinculante en Diligencia Debida “que garantice la solidaridad global”.
