El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, por 201 votos a favor, 52 en contra y 94 abstenciones, en su sesión de este jueves 24 de noviembre el Proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, por lo que la iniciativa se remite al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.
El texto al que ha dado luz verde el Congreso incluye el dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Exteriores con una enmienda que añade un nuevo principio de actuación en el marco de la política española de cooperación para el desarrollo sostenible: «la promoción y apoyo a la educación y proyectos educativos como vector fundamental para el crecimiento y desarrollo personal y de la población en conjunto del país receptor». Entreculturas espera que dicho principio se incorpore en el texto de la Ley en su trámite en el Senado.
Esta iniciativa gubernamental promueve «una reforma profunda y amplia de la cooperación española para el desarrollo sostenible, conforme con los principios de buena regulación, de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, y transparencia, que se inspira en los valores de solidaridad de la sociedad española; de responsabilidad de España en tanto que actor en el ámbito internacional y de cooperación ante los grandes desafíos que afronta el mundo».
Resulta una noticia especialmente relevante el compromiso financiero que enuncia como “en cumplimiento de los compromisos multilaterales y de los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea, España destinará el 0,7% de la renta nacional bruta a la AOD, conforme a los criterios contables acordados en el seno de la OCDE, en el horizonte del año 2030”; en clave de acción humanitaria se establece que “el conjunto de los actores de la cooperación española destinará a acción humanitaria, en el horizonte 2030, al menos el 10% de los recursos de la AOD española”.
Educación de calidad y para la ciudadanía global
El texto incorpora, además, entre los objetivos de la cooperación internacional “promover la justicia social, la lucha contra el hambre y todas las formas de malnutrición, la salud y la cobertura sanitaria universal, a través de sistemas nacionales y como bien público global. Promover el acceso universal a la energía, el agua y el saneamiento, a viviendas dignas, a la protección social y a un sistema adecuado de cuidados, a la educación y la cultura, a la formación de calidad, y la superación de las brechas digitales”. Así mismo, apuesta por la “comunicación, educación y sensibilización para la solidaridad y la ciudadanía global: comprende las acciones a través de los medios de comunicación y la educación formal y no formal para promover en la sociedad española la información, el conocimiento crítico, el compromiso, la participación y el voluntariado para el desarrollo sostenible global.”
Por otro lado, el proyecto de ley reconoce «la cooperación descentralizada como una de las señas de identidad y fortaleza de la cooperación al desarrollo sostenible español», así como la “especial capacidad de los entes locales, directamente o a través de otros actores, singularmente de las ONGD, para realizar tareas de Educación para la Ciudadanía Global”.
Se incorpora además en la sección de «Personas cooperantes y voluntariado» el impulso de la participación de personas con discapacidad. También se estipula que las administraciones públicas «facilitarán la información necesaria y asesorarán a las ONG que operan en el ámbito de la cooperación para el desarrollo sostenible».
Protección frente a la violencia de niñas, adolescentes y mujeres
Durante su paso por comisión, se ha añadido como objetivos de la norma la «protección a las mujeres, adolescentes y niñas frente a la violencia sexual y la violencia por razón de género», «los derechos de la infancia y adolescencia con enfoque de género», su «protección frente a todas las formas de violencia, en particular la mutilación genital femenina«, «el acceso libre e igualitario a los servicios sociales básicos» y la promoción de «su participación efectiva en espacios de decisión económicos, políticos y sociales, así como en las operaciones de mantenimiento de la paz y los procesos de paz».
También entre los objetivos de nueva redacción destaca el «apoyo al desarrollo económico, social y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes mediante la lucha contra toda forma de exclusión», así como «la defensa y promoción de sus derechos».
Próximos pasos en el trámite parlamentario
Tras ser aprobado por el Pleno, el proyecto de ley se remite ahora al Senado, donde seguirá el procedimiento de debate en ponencia, comisión y Pleno. La Cámara Alta podrá aprobar el texto en sus términos, presentar enmiendas o proponer un veto. En el caso de los dos últimos supuestos, la iniciativa regresará al Congreso de los Diputados para la celebración de un último debate antes de su aprobación definitiva.
