Coincidiendo con la vuelta a las aulas, presentamos una nueva edición de nuestra campaña La Silla Roja, bajo el lema “Recortar no es un juego, son vidas”. La iniciativa está acompañada por el informe El precio de aprender. Justicia fiscal, soberanía presupuestaria y más cooperación, que alerta de una caída global prevista del 24% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) destinada a educación en 2026, que podría dejar fuera de la escuela a 6 millones de niños y niñas y reducir la calidad educativa para 290 millones de estudiantes.
La financiación de la educación pierde terreno
El informe advierte de un cambio en las prioridades presupuestarias a escala global. Mientras el gasto público mundial en educación continúa estancado en torno al 4,2% del PIB, otros ámbitos ganan peso. Como ejemplo de esta tendencia, el informe pone de relieve que, en los países de la Unión Europea pertenecientes a la OTAN, el gasto en armamento creció 11 veces más rápido que la inversión educativa entre 2014 y 2023.
Este cambio coincide con un retroceso más amplio de la cooperación internacional y la financiación humanitaria, con recortes de AOD en algunos de los principales países donantes, como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido.
Ante este escenario, Irene Ortega, directora del Área de Ciudadanía de Entreculturas, resumió durante la presentación las alternativas que planteamos: “Existen soluciones concretas para evitar la inanición de los presupuestos educativos y el informe plantea tres: justicia fiscal, soberanía presupuestaria y más cooperación internacional. Medidas que anteponen el derecho a la educación y los deberes que este conlleva a los intereses geopolíticos”.
Invertir más, pero también mejor
La presentación contó también con Sonia Adames, coordinadora pedagógica en Fe y Alegría República Dominicana, que explicó cómo el incremento de la inversión pública educativa en el país ha permitido avances en transporte escolar, alimentación, materiales, infraestructuras y recursos tecnológicos.
Sin embargo, incidió en que aumentar la financiación no basta si no existe continuidad y coherencia en las políticas educativas: “Hace falta articular un proyecto educativo país, con la participación de todos los actores, un proyecto tan fuerte que no dependa de las decisiones de los incumbentes de turno, sino que sea una ley a seguir”, señaló.
La experiencia dominicana evidencia también el papel complementario de la cooperación internacional en ámbitos que no quedan cubiertos por el presupuesto específicamente educativo, como la cultura de paz, la inclusión, la participación estudiantil, los derechos humanos o la protección de niños, niñas y adolescentes.
Por su parte, Alfred Kiteso, director de Fe y Alegría República Democrática del Congo durante ocho años, explicó que la reducción de la cooperación internacional debilita sistemas educativos que ya afrontan importantes desigualdades y limita las oportunidades de quienes encuentran mayores barreras para acceder y permanecer en la educación.
En este contexto, subrayó que “la educación tiene un papel fundamental. No solo permite adquirir conocimientos; también protege la dignidad de las personas, fortalece su autonomía y ofrece herramientas para construir un futuro mejor”.
Kiteso puso como ejemplo el Centro de Alfabetización Funcional de Kikwit, creado en 2019 con el apoyo de Entreculturas, donde jóvenes que no habían tenido la oportunidad de ir a la escuela pueden aprender lectura, escritura y cálculo y recibir formación profesional.
Justicia fiscal, soberanía presupuestaria y más cooperación
Ante esta situación, desde Entreculturas reclamamos justicia fiscal, soberanía presupuestaria y más cooperación internacional. Entre nuestras propuestas se encuentran apoyar una Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional y avanzar en la renegociación, cancelación o conversión de deuda cuando el sobreendeudamiento limite la inversión en derechos sociales.
En España, pedimos avanzar hacia el 0,7% de Ayuda Oficial al Desarrollo, blindar el 8% de la AOD bilateral para educación, mantener y reforzar la cooperación autonómica y local y destinar al menos el 10% de los fondos de acción humanitaria a garantizar el derecho a la educación en contextos de crisis y desplazamiento forzado.
Con esta nueva edición de La Silla Roja, buscamos situar al inicio del curso escolar el debate sobre las decisiones económicas y presupuestarias que condicionan el derecho a la educación y reclamamos que garantizar el derecho a aprender sea una prioridad de las políticas públicas.
