Posicionamiento conjunto de las organizaciones Amnistía Internacional, Entreculturas y Mundo Cooperante con motivo del quinto aniversario de la toma de poder de los talibanes en Afganistán
El próximo 15 de agosto se cumplen cinco años desde que los talibanes retomaron el control de Afganistán. Cinco años en los que millones de mujeres y niñas han visto cómo sus derechos y libertades están siendo restringidos de forma progresiva y sistemática.
Las organizaciones Amnistía Internacional, Entreculturas y Mundo Cooperante queremos expresar nuestra profunda preocupación y condena ante el deterioro continuado de los derechos de las mujeres y las niñas afganas. La exclusión de las niñas de la educación secundaria y universitaria; las restricciones a su libertad de movimiento, participación y expresión; así como las limitaciones impuestas a su acceso al empleo y a la vida pública, configuran un sistema de discriminación institucionalizada basada en el género . El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas y el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán han identificado esta terrible situación como una forma de apartheid.
En este contexto, la aprobación en mayo de 2026 por parte de las autoridades talibanas de facto del denominado Decreto nº 18 ha generado una alarmante preocupación entre Naciones Unidas y organizaciones de derechos humano debido a que esta norma reconoce los matrimonios concertados durante la infancia, refuerza el control de los tutores masculinos sobre las decisiones matrimoniales y establece obstáculos adicionales para que mujeres y niñas puedan cuestionar o abandonar estas uniones. Además, impone la aprobación de un tribunal como requisito indispensable para conseguir la impugnación de dichos matrimonios por parte de mujeres y niñas, a pesar de que a los hombres no se les imponen barreras comparables a la hora de disolver sus matrimonios, pudiendo divorciarse de forma unilateral y sin necesidad de testigos, de confirmación judicial o de complejos requisitos técnicos. Asimismo, contempla que el silencio de una niña tras alcanzar la pubertad pueda interpretarse como consentimiento para aceptar el matrimonio.
El matrimonio infantil y forzado no puede entenderse de manera aislada. Es consecuencia y, al mismo tiempo, causa de múltiples desigualdades. Allí donde las niñas pierden el acceso a la educación, a la protección, a la salud y a oportunidades para desarrollar su proyecto de vida, aumenta también el riesgo de que sean obligadas a asumir roles y responsabilidades que no les corresponden.
Por eso, la respuesta no puede limitarse únicamente a la prohibición legal de los matrimonios infantiles y forzados, sino que su erradicación requiere políticas integrales que garanticen el acceso de las niñas a la educación, la protección social, la salud, la participación y el ejercicio pleno de sus derechos. También exige apoyar a las niñas y mujeres que ya se encuentran en estas situaciones, asegurando su acceso a la justicia, a la protección, a programas de reparación y a oportunidades para reconstruir sus vidas.
Desde las organizaciones Amnistía Internacional, Entreculturas y Mundo Cooperante hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que actúe de inmediato, mediante la presión diplomática y la interacción basada en principios con las autoridades talibanas de facto y exija la derogación de todas las leyes y normas discriminatorias, el restablecimiento de un ordenamiento jurídico formal, la protección de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y niñas afganas y el establecimiento del Estado de derecho en Afganistán.
