Por la defensa del Derecho a la Educación
Ante el repliegue de la solidaridad internacional, reafirmamos que el derecho a una educación universal, inclusiva y de calidad es un imperativo de justicia global que no puede quedar supeditado a agendas geopolíticas ni a lógicas de mercado. Asistimos a una crisis ética de prioridades donde la inversión militar y los intereses corporativos desplazan los compromisos históricos con los derechos humanos. La educación no está en cuestión.
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Recomendaciones a los Estados y a la Comunidad Internacional
- Asegurar la financiación de la educación pública nacional destinando al menos el 6% del PIB y/o el 20% del gasto público total a educación, en línea con los compromisos de la Agenda de Educación 2030.
- Elaborar planes presupuestarios plurianuales con incrementos progresivos y sostenidos del gasto educativo que incluyan mecanismos robustos de verificación, monitoreo y rendición de cuentas.
- Buscar la equidad en la redistribución de los recursos priorizando el financiamiento de la educación de las poblaciones más excluidas.
- Establecer marcos regulatorios estrictos para regular el sector privado dentro de la educación.
- Apoyar activamente la adopción de una Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional.
- Alcanzar y superar el compromiso de destinar al menos el 0,7% del Ingreso Nacional Bruto a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), priorizando a los países de menores ingresos, destinando al menos el 20% de esta ayuda a educación y estableciendo que al menos el 80% de la AOD educativa sea donación no reembolsable.
- Comprometer recursos económicos a medio y largo plazo que permitan a los países socios realizar planificaciones estratégicas sostenibles.
- Eliminar condicionalidades lesivas que obligan a adquirir bienes o servicios de empresas del propio país donante, así como las prácticas de ayuda inflada en el sector educativo.
- Renegociar las condiciones de endeudamiento y cancelar o convertir la deuda en países empobrecidos en situación de sobreendeudamiento o crisis.
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Recomendaciones al Gobierno de España y Comunidades Autónomas.
- Dar cumplimiento estricto al calendario establecido en la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible para alcanzar el 0,7% del PIB destinado a la Ayuda Oficial al Desarrollo garantizando que el 8% de la AOD bilateral se blinde específicamente para el sector educativo.
- Reconocer la educación como un sector estratégico en la respuesta humanitaria destinando al menos el 10% de los fondos de acción humanitaria a garantizar el derecho al aprendizaje en contextos de crisis y desplazamiento forzado.
- Mantener y aumentar el compromiso de los gobiernos locales y autonómicos con la cooperación internacional, consolidando la cooperación descentralizada como una de las señas de identidad y de solidaridad de la sociedad española.
- Instar a los gobiernos autonómicos y locales a revertir los recortes recientes en cooperación.
- Asumir un rol protagonista en los foros multilaterales para avanzar en el Compromiso de Sevilla, promover la reforma de la gobernanza financiera internacional, respaldar las negociaciones de la Convención Marco de la ONU sobre Cooperación Fiscal y activar mecanismos bilaterales urgentes de renegociación, cancelación y conversión de la deuda externa en el Sur Global.
- Frenar la deriva de la economía de guerra y defender el multilateralismo, la desmilitarización, la coherencia de políticas y el Derecho Internacional como condiciones indispensables para garantizar el derecho a la educación de todas las personas.
- Alcanzar de manera decidida y calendarizada una inversión del 6% del PIB nacional en educación pública, situando a España al nivel de las economías europeas más avanzadas en financiación educativa.
- Garantizar el acceso universal a una educación pública, inclusiva e igualitaria a través de una oferta de plazas suficiente y gratuita que cubra desde la educación infantil hasta la educación superior y universitaria.
- Implementar un escudo social de comedores escolares gratuitos para todo el alumnado que se encuentre en situaciones de vulnerabilidad.
- Ampliar la cobertura y la cuantía del sistema de becas públicas para garantizar la equidad y asegurar el acceso gratuito de los estudiantes a todas las actividades educativas.
- Diseñar los presupuestos educativos estatales y autonómicos bajo principios de justicia distributiva, priorizando la inclusión del alumnado con discapacidad, la población migrante y las comunidades históricamente marginadas.
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