La Comunidad Internacional y los Estados tienen la obligación de asegurar el derecho a una educación de calidad a todas las personas residentes en comunidades rurales. Por tanto, deben:

• Incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo y la ayuda a la educación, como vía para promover el desarrollo integral de los estados.
• Ampliar los presupuestos públicos de educación, hasta alcanzar, al menos entre un 4% y un 6% del PIB o al menos entre un 15% y un 20% del total del gasto público.
• Apoyar las iniciativas nacionales e internacionales de justicia tributaria, de modo que los estados puedan fortalecer los ingresos fiscales progresivos.
• Apoyar el alivio de la deuda de los estados de bajo y mediano ingreso, de modo que puedan destinar recursos financieros a los sistemas educativos públicos.
• No aplicar medidas de austeridad a los estados, que limiten o rebajen los presupuestos educativos.
• Reducir las disparidades de género en la educación, incluyendo su gobernanza, eliminando toda brecha, estigmatización y prejuicios.
• Apoyar la formación del personal docente y su capacitación continua, así como su participación en las políticas educativas.
• Establecer salarios competitivos y mejorar las condiciones de trabajo de las y los docentes.
• Establecer planes urgentes para eliminar la inequidad educativa en todas sus manifestaciones y destinar recursos inmediatos para asegurar la educación de los grupos y personas en riesgo de exclusión, como las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las personas migrantes y desplazadas y las minorías étnicas y culturales.
• Iniciar consultas internas y multilaterales, que permitan establecer, a cinco años vista, un mecanismo global de seguimiento a la Agenda de Desarrollo Sostenible y especialmente a las metas del Objetivo 4. Para esto es necesario establecer mecanismos de exigibilidad capaces de exigir cuentas ante la eventual falta de cumplimiento y fortalecer los mecanismos de gobernanza internacional a cargo de los estados.

• Cumplir con la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global en la senda de recuperación de la inversión hacia el 0,7% del PIB y alcanzar el 8% de la AOD bilateral destinada a la educación, así como destinar al menos el 3% del total de la Ayuda Oficial al Desarrollo a Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global.
• Desarrollar políticas de equidad educativa para combatir los retos de segregación escolar, abandono educativo temprano, tasas de repetición y fracaso escolar que España afronta.
• Elevar la inversión pública en educación, diseñando un presupuesto que permita combatir los problemas estructurales.
• Afianzar la cobertura universal, igualitaria e inclusiva de la educación, especialmente la preescolar, en la totalidad del territorio español, así como avanzar en la construcción de un marco legal para su obligatoriedad.
• Facilitar la financiación de todos los costes asociados a estas etapas educativas, incluyendo las actividades extraescolares y el servicio de comedor.
• Implementar más medidas frente al abandono escolar.
• Formar a los docentes en la prevención, identificación y gestión de los diferentes tipos de violencia que se desarrollan en las aulas, la realidad de la escuela rural y la Educación para el Desarrollo sostenible y la Ciudadanía Global.