Reinserción de jóvenes de la calle y de la prisión central, en el Hogar de la Esperanza en Camerún
El presente proyecto se localiza concretamente en el barrio urbano de Nkondengui, situado al sur-este de la ciudad. Ahí, nuestro socio local "Hogar de la Esperanza" trabaja, desde hace más de tres décadas, con los niños y jóvenes de la calle, y con el módulo de menores de la prisión central.
Desde los inicios de los años 90, Camerún, al igual que la mayoría de los países africanos, vive una auténtica regresión económica agravada con la devaluación del franco CFA en 1994. Estudios realizados por el Banco Mundial en el 2010, apuntan que el país ha pasado de una situación de pobreza, a una situación de miseria. Alrededor del 39,9% de la población vive por debajo de línea de la pobreza.
Los niños y las niñas se muestran muy vulnerables ante la escasez económica. Muchos de ellos sufren abusos y violencia, y son presas fáciles de la droga. Ninguno de los niños de la calle tiene un oficio o acude a la escuela, lo que limita su capacidad futura de inserción en la sociedad. El resultado, es que la falta de formación y vulnerabilidad se convierten en un ciclo vicioso. Muchos de estos niños acaban cometiendo delitos (robos y agresiones), y son encerrados en el módulo de menores de la Prisión Central de Yaundé, pero hacerlo no resuelve nada.
En esta realidad, decidió el Hogar de la Esperanza abrir un espacio para sembrar la confianza. Se trabaja para que los niños de la calle y menores que salen de la cárcel puedan volver a sus familias y a la sociedad en mejores condiciones. Ahora, en prisión se les ofrece una escolarización, salud, relaciones de confianza y formación profesional. A través de una participación de apoyo en tareas domesticas, colaboración con trabajos de campo, fabricación de aceite de palma, lo jóvenes obtienen un reconocimiento y aprenden el valor del trabajo y el compañerismo.
Becas escolares de educación secundaria para la población retornada de Burundi
Burundi vivió una guerra civil durante 8 años después del asesinato del Presidente hutu, Melchior Ndadaye, en 1993. El conflicto y la tensión provocada por el enfrentamiento entre las etnias hutu y tutsi en la lucha por el poder, provocaron que la sociedad burundesa saliera de su país en busca de refugio.
En el año 2000, las primeras conversaciones hacia el proceso de paz culminaron finalmente con la firma del Acuerdo de Paz en Arusha, Tanzania. Con el cese de la guerra y la violencia en Burundi, los gobiernos de distintos países de acogida de refugiados burundeses, con apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), iniciaron un proceso de repatriación voluntaria.
Muchos acogidos en campos de refugiados, cerca de 470.000 personas, han regresado a sus casas en Burundi con la esperanza de reconstruir sus vidas; pero la crisis causó una fuerte desestructuración de la sociedad burundesa, creándose una nueva categoría social de ‘siniestrados' que, según datos del Gobierno, agrupa a más de un millón de personas. Se generó una realidad social paralela en Burundi como consecuencia de este proceso y los más vulnerables para caer en ella fueron los niños y las niñas. Algunos no encontraron ningún hogar y quedaron desplazados en la calle, otros volvían a su tierra como minusválidos, y algunos se encontraron huérfanos por la guerra o a causa del SIDA. El Servicio Jesuita para Refugiados (JRS), como socio implementador del ACNUR, ha trabajado desde hace muchos años en los campos de refugiados asistiendo a los burundeses en el apoyo a la educación y el acompañamiento psicosocial.
Tras el retorno de gran parte de la población refugiada burundesa a sus comunidades, el JRS finalizó su actividad en los campos y continúa su intervención apoyando la mejora en la educación de la población retornada, especialmente con el acceso a la educación secundaria. El presente proyecto toma lugar en el Este de Burundi, concretamente en las comunas de Giharo (Provincia de Rutana), Gisuru (Provincia de Ruyigi) y Giteranyi (Provincia de Muyinga) y pretende apoyar mediante el pago de matrículas, materiales escolares y gastos médicos a 1.034 alumnos y alumnas.
