Por el derecho a una identidad

Niños y niñas de ascendencia haitiana en República Dominicana, la lucha por una identidad

Déborah tiene 13 años, nació en Santo Domingo y es hija de un dominicano y una haitiana. Su padre murió 9 meses después de su nacimiento. Su mamá salió de su tierra con pasaporte y visado, y se encuentra de manera legal en la República Dominicana. Pero Déborah no contó con acta de nacimiento hasta hace muy pocos meses, a pesar del tiempo que llevaba residiendo en el país; cuando la fueron a registrar, el oficial civil se negó a hacerlo alegando que en la oficialía no se podía declarar a niños y niñas de padres haitianos. Deborah ha sido durante todo este tiempo una niña sin nacionalidad, sin derechos, sin "existencia" .

Ésta es la dramática realidad que sufren en República Dominicana muchos niños y niñas. Menores que carecen de una nacionalidad porque el sistema administrativo dominicano ha rechazado otorgarles actas de nacimiento al tener ascendencia haitiana (pese a que la Constitución reconozca como dominicana a toda persona nacida en su territorio). Se calcula que el número de descendientes haitianos en República Dominicana supera un cuarto de millón de personas.

La falta de reconocimiento de la nacionalidad no hace sino acrecentar la vulnerabilidad de una población que, ya de por sí, vive en condiciones infrahumanas en los barrios más marginales de los centros urbanos o en los bateyes. En estos asentamientos de las plantaciones de caña, el índice de pobreza llega a un 70% mientras que, en República Dominicana, es del 40%. En ellos, la población haitiana está sometida a terribles condiciones laborales, su sueldo no cubre ni siquiera la alimentación de la familia, y no se cuenta con sistema sanitario, agua corriente, electrificación y no digamos del sistema escolar. Esta población malvive frustrada por la explotación laboral, la ausencia de educación y la falta de libertad de movimiento.

Pero ¿es tan importante tener una nacionalidad?

No contar con un acta de nacimiento impide que la persona indocumentada disfrute de la protección del Estado donde vive. Al "no existir", los delitos cometidos contra ella tampoco existen, por ejemplo, si sufre una violación no tiene posibilidad de poner una denuncia y, si fuera víctima de un asesinato, jamás se buscaría a su culpable ya que, en principio, no se ha asesinado a nadie. La persona sin documentos tampoco puede tener un pasaporte que le permita circular libremente, ni una cuenta bancaria, ni un coche, ni permiso de conducir... Asimismo, si logra una formación técnica, no la podrá ejercer pues se requiere una cédula de identificación que, sin acta de nacimiento, no se concede. En el caso de conseguir un trabajo, no cuenta con un puesto acorde a su capacidad y, si lo realiza, no se le paga lo que merece por estar en situación de ilegalidad.

Con esta desprotección por parte del Estado, la persona indocumentada tampoco puede beneficiarse de los servicios sociales como la atención sanitaria, la seguridad social o el recibir una pensión.

La persona indocumentada teme emprender los pasos jurídicos por miedo a perder su trabajo y, tal y como nos dice Mario Serrano, director del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes en Santo Domingo, "tiene que hacer lo que la vida que le han creado le permite, no lo que él puede hacer. No puede explotar su potencial humano en el ámbito de la educación, del trabajo y del crecimiento en todos los sentidos. Eso acaba por mermar hasta la manera de pensar, de querer, de relacionarse".

Desde Entreculturas queremos destacar que, entre los derechos que ven vulnerados los descendientes de haitianos en Dominicana, está el del acceso a la Educación y, con ello, "se les vulnera el derecho a llevar una vida digna, a salir de la pobreza", indica Mario Serrano. En República Dominicana, a los descendientes de los inmigrantes haitianos sólo se les permite acceder a la educación hasta el cuarto grado y ello, en muchas ocasiones, gracias a la buena voluntad de la dirección de los centros.

Además, el hecho de que esta población se localice en las zonas más deprimidas de Dominicana hace que aquellos niños y niñas que logran acceder a la escuela lo hagan en centros educativos con terribles carencias: deficientes infraestructuras, sin equipamiento ni materiales, con maestros voluntarios cuya formación, a su vez, es precaria. Y son niños y niñas, muchas veces desnutridos, que no cuentan ni con zapatos para ir a la escuela.


¿Qué está detrás de esta discriminación?

"Por una parte, encontramos causas sociales. Los migrantes pobres, en la mayoría de los casos, se perciben como si fueran una carga a pesar de que son la población que sustenta nuestras economías y hacen los trabajos más difíciles en nuestros países. Asimismo, en República Dominicana, el haitiano, por las relaciones conflictivas de años, es percibido como enemigo. Por lo tanto, se le desprecia por ser migrante, por ser haitiano, por ser pobre y por ser negro, a pesar de que en República Dominicana también somos negros y tenemos raíces africanas. Somos un país donde el racismo hacia el negro forma parte de esa cultura que nos desfavorece tanto a todos", explica Mario Serrano.

Este temor a una "haitianización" del país y a asumir las consecuencias de la pobreza que asola Haití está fomentado, también, por motivaciones económicas. Aquellos que reclaman la expulsión de todos los haitianos y que se oponen a dar documentación a niños y niñas de ascendencia haitiana nacidos en Dominicana, se dejan manipular por aquellas personas que explotan a trabajadores indocumentados o en situación irregular. A ellos no les interesa que estas personas reclamen sus derechos, en particular, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la seguridad social y el derecho al acceso a los servicios básicos de salud, alimentación y educación pues, de esta manera, pueden seguir beneficiándose de ellas.


¿Cómo es posible que esto suceda?

La Convención Internacional sobre Derechos del Niño y la Corte Interamericana de Derechos Humanos recogen el derecho a la nacionalidad como un derecho irrefutable y fundamental de la persona y la Constitución Dominicana incorpora el principio del ius soli, es decir, el derecho de ciudadanía para los que nacen en territorio dominicano, a excepción de los nacidos de padres "en tránsito". Es a este concepto de "tránsito" al que aluden las autoridades para no conceder la nacionalidad pese a que los padres y madres lleven años, incluso, décadas, en territorio dominicano o los afectados sean haitianos de cuarta generación, es decir, que sus abuelos nacieron en dominicana y quizás nunca pisasen, siquiera, Haití.

 

El trabajo de Entreculturas por el reconocimiento y la inclusión social de los niños y niñas de ascendencia haitiana en República Dominicana 

Desde Entreculturas queremos denunciar esta situación y apoyamos todas las acciones que, tanto Fe y Alegría como el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (JRSM), nuestros principales socios locales, realizan desde sus diferentes ámbitos de actuación.


El JRSM: acompañamiento a la población migrante

El JRSM trata de acompañar a la población migrante que llega al territorio y que ha sustentado la economía dominicana desde que el país dependía de la industria azucarera con el corte de la caña. Sin embargo, no se le ha reconocido el esfuerzo de todos estos trabajadores, ni siquiera ahora que son los que llevan sobre sus hombros y sobre su sudor toda la industria de la construcción, que es uno de los sectores de la economía dominicana que más crece.

Para ello, el JRSM cuenta con una línea de acción de defensa de los derechos de esta población y para dotarles de asistencia jurídica. Es en esta línea de trabajo en la que enmarcan toda su acción para demandar la nacionalidad de los niños y niñas descendientes de haitianos.

Toda esta acción se combina con la labor de incidencia política dirigida a presionar para la regularización de los refugiados y para que las leyes respeten y velen por los derechos de los hijos de los migrantes que han nacido en el país.

El JRSM también centra su acción en las personas formándolas, capacitándolas, dándoles cursos de español para que puedan manejarse y ofreciéndoles asistencia psicológica. Pero es el fortalecimiento de esta población sobre lo que el SJRM pone un especial interés. El SJRM trata de que las personas migrantes reconozcan que tienen una voz y que ellos también pueden pronunciarse en la defensa de sus derechos integrándose en el proceso del cambio. "Con los niños trabajamos desde el juego, que vean sus derechos, que estén pendientes de lo que está pasando alrededor de ellos y de su situación. Hemos ido logrando pequeños pasos pero que son muy significativos como cuando un niño espontáneamente reconoce que tiene derechos. Es algo que no existía en su mapa mental, en su familia, que suele ser de migrantes indocumentados que no se sienten ni con el derecho de decirle a su hijo: tú tienes derecho. Tienen temor y embargan con su temor a sus hijos", nos explica Mª Sol Antigua, coordinadora del área de derechos humanos del SJRM, y continúa diciendo: "Queremos seguir soñando con los niños, seguir viendo cómo se levantan los ánimos cuando entienden que ellos no son la carga, sino que la sociedad les ha puesto a cargar", continúa. Esta acción de empoderamiento también se dirige a las organizaciones locales dándoles formación en liderazgo democrático para que puedan demandar sus derechos.

Fe y Alegría: educación a niños y niñas "sin papeles"

Al igual que el SJRM, Fe y Alegría centra su labor en los más vulnerables con el objetivo de propiciar un cambio social a favor de la igualdad y la justicia. Pese a no existir una línea de trabajo específica por parte de la Institución para abordar el problema de la identidad de los dominico-haitianos, sin embargo, muchas escuelas de Fe y Alegría abren sus puertas a los niños y niñas de ascendencia haitiana que residen en el país sin importar si cuentan con papeles o no. Este hecho es algo muy evidente en las escuelas de Fe y Alegría que se localizan en zonas con población dominico-haitiana: en la frontera suroeste del país, en Elías Piña; en la frontera noroeste, en Dajabón; en Batey Palmarejo, en las afueras de Santo Domingo.

En Entreculturas apoyamos el trabajo del SJRM y de Fe y Alegría para hacer primar el interés superior del niño y de la niña y reivindicar, día a día, la primacía de sus derechos frente a cualquier traba burocrática que pueda menoscabar su integridad como persona.