Miles de dominicanos en inminente riesgo de apatridia

Las organizaciones de la sociedad civil de la República Dominicana han denunciado las numerosas irregularidades cometidas por parte de funcionarios del Ministerio del Interior y de la Policía, tales como falta de campañas de información sobre los requisitos, el inadecuado número de oficinas donde debían efectuarse los trámites, procedimientos administrativos que contradicen la propia ley, o el cobro de documentos  que debían expedirse de manera gratuita. "Ha reinado el desorden y la desinformación", denunció el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), que considera fracasado el plan del Gobierno para conceder un régimen especial a las personas dominicanas descendientes de haitianos.

Por otro lado, la ciudadanía afectada por la desnacionalización incluso ha presentado un recurso de amparo contra la Junta Central Electoral (JCE), por "violentar los derechos de 169 dominicanos descendientes de haitianos  con el incumplimiento del régimen especial planteado en  la Ley 169-14, que ordena la devolución al acceso a sus documentos de identidad", que será resuelto el 11 de noviembre.

 

 

La Plataforma 169, surgida para monitorizar el proceso, ya advirtió de que el plazo de 90 días  otorgado para la regularización era insuficiente, y el Grupo de Trabajo del  Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) ha ratificado que el Gobierno dominicano "no creó los mecanismos internos necesarios para la efectiva puesta en marcha de la medida".

En este mes de octubre Naciones Unidas ha advertido que sólo el 1% de las personas a las que se dirige la ley 169-14 han podido acudir a las oficinas y llama a extender el plazo como mínimo 8 meses para poder cumplir los objetivos. En estos momentos sólo 21 provincias (de 32 del país) cuentan con unidades de atención para cumplir el reglamento.

Desde el gobierno no se reconocen estos fallos y se asegura que están abiertas 24 unidades de atención y que se ha puesto en marcha una campaña de información para que las personas afectadas sepan qué deben hacer.

Hoy mismo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) acaba de notificar la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas en el caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas, sometido a su jurisdicción en julio de 2012 y ha ordenado a la República Dominicana: "Adoptar las medidas legislativas, inclusive, si fuera necesario, constitucionales, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para regular un procedimiento de inscripción de nacimiento que debe ser accesible y sencillo, de modo de asegurar que todas las personas nacidas en su territorio puedan ser inscritas inmediatamente después de su nacimiento independientemente de su ascendencia u origen y de la situación migratoria de sus padres".

Las organizaciones Alboan, Entreculturas, InspirAction, InteRed, Manos Unidas y OCASHA-Cristianos con el Sur que venimos apoyando a la sociedad civil organizada de República Dominicana en contra de la desnacionalización de las personas nacidas en el país de origen haitiano, reclamamos:

  • Que se eliminen las trabas burocráticas y se facilite el acceso a la documentación necesaria a las personas afectadas por la sentencia 168-13 y la posterior ley 169-14
  • Que se apruebe el proyecto de ley que extiende el  plazo para evitar que la ciudadanía que no ha podido inscribirse durante el escueto margen establecido por el Gobierno no quede en ningún limbo legal ni en situación de apatridia una vez culminado el proceso
  • Que acate la sentencia de la CIDH y de los pasos necesarios para revertir esta situación de vulneración de derechos

El Gobierno de la República Dominicana debe garantizar la documentación de sus nacionales y comprometerse a no vulnerar sus derechos civiles. Debe garantizar el acceso de toda la ciudadanía a servicios fundamentales como la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social, entre otros. Y debe, por último, admitir el fracaso del proceso de regulación y naturalización, que no se ha implementado de manera adecuada por falta de medios y de voluntad real de solucionar la problemática de la población afectada.

Exigimos que la República Dominicana reconozca y restituya los derechos adquiridos de los dominicanos y dominicanas afectados, comenzando por prorrogar el plazo para el registro a fines de naturalización. La comunidad internacional no puede obviar este hecho que vulnera los derechos fundamentales de las personas y que sienta un precedente jurídico muy peligroso para otras poblaciones minoritarias discriminadas por su origen.

 

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