Últimas reacciones ante la sentencia que condena a la apatridia a miles de dominicanos y dominicanas

El Proyecto de Ley de Naturalización reconoce expresamente la nacionalidad dominicana a aquellas personas inscritas en el registro correspondiente entre 1929 y 2007. Las personas no inscritas, o cuyos progenitores pudieran estar en una situación irregular, deberán pasar por un proceso de regularización. El movimiento Dominican@s por Derecho ve un claro paso adelante en este Proyecto de Ley y ha emitido un comunicado haciendo una primera valoración del mismo.

Las ONG españolas Alboan, Coordinadora de Comités Oscar Romero, Entreculturas, InspirAction, InteRed, Manos Unidas y OCASHA-Cristianos con el Sur llevaban meses insistiendo en que debe reconocerse el derecho al disfrute pleno de la nacionalidad de todas las personas nacidas en territorio dominicano antes de la promulgación de la Constitución del 2010.

La sentencia TC/0168/13, dictada por el Tribunal Constitucional de República Dominicana, implica la desnacionalización de más de 200.000 personas dominicanas, afectando especialmente a las personas de ascendencia haitiana, ya que modifica retroactivamente la normativa hasta 1929. Desde el año 1929 hasta 2010, los hijos e hijas de migrantes adquirían la nacionalidad dominicana puesto que la ley de dicho estado establecía el ius soli - adquisición de la nacionalidad por el hecho de nacer en un determinado territorio - que sólo contemplaba dos excepciones: hijos e hijas de diplomáticos y de personas "en tránsito". De esta manera, la sentencia es, por lo tanto, contraria a la Convención de Derechos Humanos y a los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dado que constituye discriminación en perjuicio de un grupo específico: la población dominicana de ascendencia haitiana.

 

 La sentencia del Tribunal Constitucional ha provocado múltiples
movilizaciones en la República Dominicana y en el extranjero

Estas organizaciones españolas solicitaban en sus reivindicaciones que este Proyecto de Ley restituyese y reconociese la nacionalidad de las personas afectadas y observase los compromisos de protección de derechos humanos asumidos libremente por República Dominicana. Pedían igualmente que se diese solución cuanto antes a la situación de exclusión en la que viven estas personas, que no pueden acceder a los servicios sociales más básicos ni hacer ningún tipo de  trámite administrativo, necesario para cuestiones tan sencillas como casarse, viajar  o registrar el nacimiento de un hijo.

Por lo tanto, reiteraban la petición al Gobierno dominicano de:

  1. Respetar el derecho de toda persona a una nacionalidad y acoger las recomendaciones de la CIDH, en cuanto que "toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, si no tiene derecho a otra".
  2. Adoptar las garantías necesarias para que no se sucedan casos de apatridia y se garantice la dignidad de las personas.
  3. Adoptar medidas urgentes que garanticen los derechos de quienes han sido privados de la nacionalidad y, con ello, su acceso a los servicios sociales básicos como la educación y la salud.
  4. Garantizar a través de una ley de reconocimiento el derecho a la nacionalidad que cientos de miles de personas adquirieron bajo el régimen vigente entre 1929 y 2010. La Constitución de 2010 sostiene que son dominicanas todas las personas que a su entrada en vigor tengan dicha nacionalidad, que la ley menos favorable no puede aplicarse de forma retroactiva y que, en materia de derechos fundamentales, hay que legislar a favor de las personas. El artículo  74.3 de la Constitución de República Dominicana señala que "Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado".
  5. Garantizar no registrar como extranjeros a los desnacionalizados como requisito para el reconocimiento de sus derechos.
  6. Establecer procedimientos generales, automáticos, sencillos, claros, rápidos, justos y asequibles, que no deben ser discrecionales o implementados de forma discriminatoria.
  7. Adoptar medidas de protección para los integrantes del movimiento Reconocido - organización compuesta por dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que exigen que el Estado reconozca su nacionalidad dominicana - que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia debido a las amenazas y agresiones a las que han estado expuestos.

 

 El movimiento Dominican@s por Derecho ha llevado a cabo una intensa labor de incidencia
ante distintas instituciones  y organismos para defender los derechos de los afectados por la sentencia TC/0168/13

Por otro lado, el pasado 9 de abril, quince diputados/as del Parlamento Europeo expresaron su preocupación e inquietud por los efectos derivados de la aplicación de la sentencia TC/0168/13 a través de una comunicación enviada al presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, y en la que se alerta nuevamente de la situación que esta privación de la nacionalidad puede ocasionar en cuanto a la vulneración de los derechos fundamentales. Entre otros pronunciamientos relevantes como el del ACNUR o UNICEF, la carta pone de relevancia la repercusión y disconformidad internacional a la sentencia y las consecuencias derivadas de ésta.

Igualmente, fruto de las reuniones del pasado mes de diciembre en el Congreso de los Diputados, los portavoces de los distintos grupos parlamentarios de la Comisión de Exteriores, han suscrito una carta que han enviado al Presidente de la República Dominicana, mostrando su inquietud y preocupación por los efectos derivados de la sentencia y sugiriendo que la propuesta de ley reconozca la nacionalidad de aquellas personas que la tuvieran desde 1929 hasta 2010.

Lee aquí la carta que los diputados españoles han enviado al Presidente Danilo Medina.  

 

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