El informe “Sin protección en la frontera. Derechos humanos en la frontera Sur: entre Nador y Melilla”, elaborado por el Servicio Jesuita a Migrantes (basado en una investigación del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE) pone de manifiesto la vulneración de los derechos humanos que sufren los migrantes que intentan entrar en la península por parte de particulares de grupos organizados y agentes marroquíes y españoles que ejecutan las políticas de control de fronteras. Una de las consecuencias es que en 2015 se registraron tan solo 11 asaltos a la valla debido al reforzamiento de la misma y al aumento de las devoluciones en caliente, logrando entrar en España por esta vía unas 100 personas. Asimismo, se está obligando a los migrantes a cambiar la ruta natural por rutas mucho más peligrosas.

La trampa de Nador y el acceso a la península

En Nador, a 20 minutos de Melilla, entre 1.500 y 2.000 subsaharianos –muchos de ellos menores de edad– viven en los bosques cercanos en condiciones deplorables hasta incluso tres años, esperando la oportunidad de pasar la frontera en patera, a través de la valla o en coche.

Mientras, sufren violencia y abusos de las Fuerzas Auxiliares Marroquíes (FAMM) que arrasan varias veces por semana sus asentamientos quemando sus escasas pertenencias. Además, muchas mujeres son prostituidas en los bosques y, si quedan embarazadas, pueden ser obligadas a abortar. El tiempo medio de estancia en Nador es de unos seis o siete meses, aunque hay personas que se quedan bloqueadas hasta tres años.

Muchos subsaharianos que podrían acogerse al derecho de asilo no pueden acceder a la Oficina de Asilo de Melilla porque son rechazados violentamente por las autoridades marroquíes solo con acercarse. Para los redactores del informe “resulta extremadamente preocupante esta situación, que no se puede comprender ni normalizar y que afecta también a las mujeres víctimas de trata, que tampoco pueden acceder a esas oficinas”.

Por ello, para acceder a Melilla en coche, por mar o saltando la valla tienen que acudir a las redes de mafias. Los subsaharianos no pueden cruzarla a pie, ya que no pueden adquirir documentación falsa por el color de su piel, por lo que llegan a pagar hasta 2.000 euros por camuflarse en dobles fondos de los coches, poniendo sus vidas en peligro. También viajan por mar que, a pesar de su peligrosidad, fue el método más usado en el segundo semestre de 2015 por los subsaharianos: un viaje por el que llegan a pagar entre 1.000 y 2.000 euros y que cada persona intenta, de media, dos veces.

Por último, la valla es el método de acceso más peligroso y a él recurren quienes no tienen recursos económicos. En abril de 2015 finalizó la construcción de una valla entera de concertinas en el lado marroquí. Entre ésta y la española se abre un foso de cinco metros de profundidad. La zona está fuertemente vigilada por las FAMM.

El acceso de las personas sirias y el CETI

Los sirios –considerados inmigrantes ilegales por las autoridades marroquíes– suelen alojarse en hoteles de paso de Nador, en los que permanecen unos 40 días. Logran adquirir documentación falsa, marroquí o española, por unos 1.000 euros por adulto y entre 400 y 700 euros por niño. Los adultos suelen cruzar a pie. Al llegar al control español enseñan su verdadera documentación y formalizan una petición de protección internacional. Admitida a trámite ésta, acceden al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde esperan la tarjeta roja de solicitantes de asilo y su traslado a la península. 

Los menores suelen entrar a Melilla en coche; son separados de sus familias, con la consiguiente incertidumbre para niños y familiares. En Melilla son recibidos por otra parte de su familia o conducidos a centros de acogida de menores. Además, se les hace una prueba de ADN para confirmar su identidad, lo que prolonga aún más su estancia.

“Resulta extremadamente preocupante que las familias sirias, que vienen huyendo de un conflicto armado, se vean obligadas a cruzar de esta manera, uno a uno, y que sean separados en Melilla, con niños de tan poca edad”, según se lee en el informe. “Es inaceptable que todas estas personas se vean obligadas a pagar sumas tan elevadas de dinero, y más aun teniendo en cuenta que muchas están necesitadas de protección internacional”.

En cuanto al CETI, el informe señala que “no se comprende cómo después de 17 años desde su apertura todavía no tenga una normativa reguladora de la estancia de sus residentes. Tras seis años de la entrada en vigor de la Ley de Asilo, todavía no se ha desarrollado un reglamento de acogida”. “Es especialmente grave la ausencia de un régimen de traslados a la Península”. Así, un número muy elevado de los entrevistados refirió que al ser llevados a comisaría para firmar la propuesta de devolución/expulsión y la resolución de la misma nadie les explicó lo que estaban firmando.

Pese a todo, por muy míseras que sean las condiciones de vida en Nador y por muchos malos tratos que padezcan todas estas personas, mientras sigan existiendo causas para migrar o huir, seguirán llegando migrantes y refugiados y seguirán siendo engañados por las redes de tráfico ilícito de personas o de trata de seres humanos.

Por ello, el informe recomienda:

• Recibir con dignidad y respetar los derechos de personas refugiadas y de las que llegan huyendo de persecución, miseria o guerra.
• Derogar la enmienda a la Ley de Extranjería que establece el “rechazo en frontera”.
• Establecer cauces para poder solicitar visados humanitarios en el consulado de Nador.
• Revisar la naturaleza y funcionamiento de los CETI para que sean sitios de identificación y traslado rápido a la península.
• Desarrollar un reglamento del CETI y respetar el derecho a la unidad familiar en él.
• Garantizar que cada migrante y refugiado reciba la información sobre su expediente y sobre sus derechos y deberes.
• Poner en marcha proyectos para la integración de los menores extranjeros no acompañados en Ceuta y Melilla.
• Identificar las necesidades especiales de las víctimas de trata recién llegadas.
• Establecer medidas especiales de protección de mujeres y niños.
• Abordar las causas de los conflictos, violencia y desplazamiento para revertir el creciente éxodo de personas en busca de protección y seguridad.