Las ONG se unen en el 20-J Día Mundial de las Personas Refugiadas para reclamar compromisos políticos

Las entidades sociales piden la puesta en marcha de 11 medidas durante los primeros 100 días desde la configuración del nuevo Gobierno

Quince de las principales organizaciones sociales españolas de defensa de los Derechos Humanos y de Cooperación al Desarrollo reclamaron el pasado lunes 20 de junio un compromiso firme, inequívoco y concreto de todos los partidos políticos sobre las personas refugiadas.

La convocatoria de los actos se realizó coincidiendo con el Día Mundial de las Personas Refugiadas, en un día cargado de simbolismo y de sangrante actualidad. Estas quince ONG presentaron 11 medidas urgentes delante de un Congreso que en apenas seis días recibirá a los nuevos diputados que se encargarán de la próxima legislatura. Como símbolo de compromiso un sobre electoral gigante con el lema #RefugioYA, y como objetivo de la marcha la petición pública a los candidatos del próximo 26J que se comprometan con una política de asilo y refugio que proteja realmente a aquellos que huyen de la guerra y de la persecución.

Las 15 entidades reclaman que las medidas se pongan en marcha durante los primeros 100 días desde la configuración del nuevo Gobierno. Son respuestas necesarias ante una realidad insoportable, en la que las muertes en el Mediterráneo se cuentan por miles (casi 3.000 sólo en lo que va de año). Ha habido semanas en las que han perdido la vida más personas en el mar Mediterráneo que en el interior de Siria. Las que consiguen llegar no tienen tampoco muchas opciones: más de 52.000 personas permanecen atrapadas en Grecia.

Las 11 medidas

Siete de las medidas son directamente aplicables por el gobierno electo una vez se establezca. Esto es así porque se trata solamente de cumplir los compromisos internacionales que España ha aceptado. Uno de ellos pasa por la reubicación y reasentamiento de personas refugiadas, de las que sólo se han acogido a

100 personas de las cerca de 18.000 previstas desde 2015. Al mismo tiempo, se pide que se apruebe finalmente un Reglamento de Asilo que lleva siete años de retraso. Otra de las demandas es la de habilitar vías seguras y legales para que las personas refugiadas accedan a territorio europeo sin tener que arriesgar sus vidas (visados humanitarios, posibilidad de solicitar asilo en consulados y embajadas, agilizar las reunificaciones familiares e incentivar programas de reasentamiento).

En la misma línea, se solicita que no demoren eternamente la resolución de las solicitudes de asilo, -en algunos casos la espera supera los dos años cuando la ley establece 6 meses máximo- . Y se exige que miren a lo que ocurre en Grecia e Italia, pero también en suelo español, en concreto en Ceuta y Melilla, donde a menudo se impide que personas susceptibles de solicitar protección internacional puedan hacerlo.

Por supuesto, la Unión Europea juega un papel central en esta situación. La UE tiene la obligación de respetar los derechos humanos de las personas refugiadas -por los convenios que ha firmado- y además tiene la capacidad de acogerlas, puesto que el millón de personas que llegaron el año pasado apenas supone el 2% de la población europea. Sin embargo, Europa está fallando y España tiene la oportunidad de marcar un cambio radical. En este sentido, las ONG han reclamado a los partidos políticos y al nuevo Parlamento que impulsen la activación de la Directiva de Protección Temporal, que establece un dispositivo excepcional en el caso de amplias llegadas a la UE y que no se comprende por qué no se está utilizando. Las entidades promotoras exigen a la UE que proteja a las personas más vulnerables, como menores, mujeres o aquellas que padecen enfermedades, y que no firme acuerdos con terceros países que desprotejan a las personas migrantes y refugiadas, siguiendo el modelo suscrito con Turquía el pasado mes de marzo. Y por supuesto, que fomente relaciones internacionales que combatan las causas que provocan las migraciones forzadas y respeten los derechos humanos de manera universal.