Los encuentros de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, el 10 de marzo, y del Consejo de Europa, el 11 de marzo, son el momento oportuno, según las previsiones del JRS, para pasar a una acción más coordinada respecto a la situación de los miles de refugiados en Libia.

"La evacuación de egipcios en Libia por parte de los gobiernos maltés, francés y británico, y la oferta de ayuda por parte de Italia han sido pasos aplaudidos. Sin embargo, la respuesta no debe limitarse a los libios y a los trabajadores inmigrantes: no hay que olvidar a los cerca de 11.000 refugiados en el país", expresan nuestros compañeros en un comunicado.

Indican que "la misión de evaluación de actividades humanitarias enviada por la Alta Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Catherine Ashton, es un primer paso", pero "aparte de asegurar medidas concretas para poner fin a la violencia en Libia y que se garantice el suministro de una ayuda humanitaria adecuada", el JRS pide encarecidamente a los gobiernos de la Unión Europea:

• La identificación de los solicitantes de asilo atrapados en Libia y su relocalización en la UE.
• El desarrollo de un plan de emergencia para hacer frente a la llegada espontánea de refugiados e inmigrantes en la Unión Europea, incluyendo la activación total de la Directiva de Protección Temporal (2001/55/EC) si la cifra aumenta y la suspensión de la regulación de Dublín en relación con Italia y Malta.

Mientras que muchos inmigrantes están siendo evacuados por sus gobiernos de acogida y por la Organización Mundial para las Migraciones, los refugiados no tienen adonde ir. Los refugiados y solicitantes de asilo en Libia son extremadamente vulnerables a los ataques. En los últimos días, el JRS ha recibido informes sobre subsaharianos que han sido golpeados, heridos e incluso asesinados, al ser confundidos como mercenarios contratados por Gaddafi para matar a libios.

Desde mediados de febrero, unas 180.000 personas han huido de Libia, de los que miles están llegando diariamente a Túnez y Egipto. No podemos esperar que las naciones mediterráneas sean las que hagan frente solas a la responsabilidad de proteger a estos refugiados. En tiempos de crisis, se pide a las naciones europeas que demuestren su compromiso con el respeto a los derechos y a la dignidad humana.

La convención de 1951 para los refugiados se basa en el principio de compartir responsabilidades. Cuando los estados eluden esta responsabilidad, son los refugiados quienes pagan las consecuencias. Si Túnez puede ofrecer protección a decenas de miles de hombres, mujeres y niños que huyen de la violencia generalizada, los gobiernos europeos deberían estar en posición de paliar el sufrimiento de los más vulnerables.