<<...El Servicio Jesuita a Refugiados para América Latina y el Caribe (SJR-LAC), llama la atención sobre la existencia de prácticas y leyes que limitan o impiden gravemente a las personas que solicitan refugio integrarse al país que los recibe en condiciones de dignidad y respeto a sus derechos.

A pesar de haber organismos internacionales dedicados a la ayuda y asistencia a refugiados y refugiadas en el mundo, así como centenares de organizaciones de Derechos Humanos y legislaciones internacionales de protección, es una realidad en nuestra región que las personas que buscan refugio tienen cada vez más impedimentos económicos, sociales y legales para adaptarse a su nuevo país de acogida, o integrarse localmente en la vida diaria de los mismos.

En este sentido, observamos con preocupación algunos ejemplos de esta realidad, reflejada en la existencia de leyes o medidas que prohíben trabajar a los solicitantes de refugio, hasta tanto se reciban respuestas oficiales, pero estas respuestas tardan mucho tiempo y las ayudas humanitarias no alcanzan para vivir, por lo cual, vemos cómo algunas familias en Ecuador, procedentes en su mayoría de Colombia, ante la desesperación de no recibir respuesta o poder trabajar, vuelven a su país de origen, aún a riego de colocar sus vidas y la de sus familiares en peligro de muerte. Ante ello, reconocemos y alentamos los esfuerzos del gobierno ecuatoriano que, en febrero de 2007, anunció una política humanitaria que estudiaría la posibilidad de legalizar a unas 500.000 personas de origen colombiano, desplazadas por el conflicto.

En otros casos se prohíbe la movilización en el territorio de un Estado sin que, en contrapartida, se coloque un límite de tiempo a esta medida, tal y como sucede en la zona del Darién panameño, en la cual solicitantes de refugio colombianos, indígenas y afrodescendientes, llevan décadas confinados, sin posibilidades de movilizarse fuera de esta zona de frontera y aún no reciben respuesta sobre sus solicitudes de protección, dificultando incluso el recibir atención médica cuando lo requieren.

También vemos cómo impacta negativamente la demora de los Estados en regularizar las documentaciones y estatus migratorios de las personas que solicitan refugio, como ocurre en Venezuela, cuando se permite la inscripción de los niños y niñas en los colegios pero, una vez terminados sus estudios, no reciben certificaciones o no pueden continuar estudiando de forma oficial porque el Estado aún no les ha documentado, quedando todo su esfuerzo, en consecuencia, sin reconocimiento o validez.

Asimismo, seguimos observando cómo se niega o dificulta el registro de nacimiento y ciudadanía dominicanos a niños y niñas  de ascendencia haitiana, aún cuando han nacido en territorio de este país y a pesar de existir un precedente judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en el año 2006, decidió en contra del Estado dominicano, por incurrir en prácticas atentatorias del derecho a la nacionalidad. 

Por todo ello, desde el Servicio Jesuita a Refugiados para América Latina y el Caribe SJR-LAC, abogamos por que se reconozca y respete que los refugiados  y refugiadas son ante todo personas, que llegan a nuestros países porque sufren las consecuencias de conflictos armados, pobreza y exclusión social, violaciones a sus derechos humanos fundamentales, persecuciones, y discriminaciones que les fuerzan a dejar sus hogares, pero también son personas que traen consigo la fuerza y el coraje de comenzar de nuevo, y nos regalan su valor humano y su esperanza, construyendo junto a nosotros un país mejor, como nuestros vecinos, estudiantes, trabajadores, y amigos.>>

"  ... Una vez que abandonaron su país quedaron sin abrigo; una vez que abandonaron su Estado se tornaron apátridas; una vez que se vieron privados de sus derechos humanos carecieron de derechos". Hanna Arendt