A diferencia de los millones de personas que se desplazan a otro país durante las vacaciones en busca de relax, otra buena parte de la población mundial (9,9 millones en 2006) lo hace -durante todo el año- huyendo del miedo, del hambre o de la amenaza a su propia vida. Dos realidades opuestas que no hacen sino reflejar la creciente polarización de la sociedad global actual.

Tal y como recoge el informe de ACNUR, la insostenibilidad política y la inseguridad creciente de Irak y Afganistán han obligado a millones de ciudadanos y ciudadanas a escapar de su país en pro de su supervivencia. Tan sólo en 2006, un millón y medio de iraquíes buscaron refugio, fundamentalmente en Siria y Jordania. Si bien es cierto que la situación fue aún más grave para los 2,1 millones de afganos y afganas que abandonaron sus hogares hastiados por el conflicto. Tras Afganistán e Irak, los países más afectados que enumera el informe son Sudán, con 686.000 desplazados; Somalia, con 460.000; y República Democrática del Congo y Burundi con 400.000, respectivamente.

Ahora bien, estas cifras, además de ser aproximadas, no recogen los 4,3 millones de palestinos que actualmente se encuentran desplazados en Jordania, Líbano, Siria, Cisjordania y la Franja de Gaza y que dependen de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA). Ni tampoco contabilizan los 24,5 millones de desplazados "internos", es decir, que han dejado sus casas a causa del conflicto, pero sin abandonar su país. De sumarlos a los datos anteriores, el cómputo total ascendería a más de 35 millones de refugiados y refugiadas en todo el mundo.

La situación es alarmante. Después de cinco años de estabilidad en las cifras de refugiados, 2006 ha supuesto un nuevo pico en la tabla de registros. Y hay que tener en cuenta que el drama del refugio no radica sólo en el abandono de los hogares, sino en las dificultades de integración y en los desajustes que acontecen después en los países de acogida.

La necesidad de abrir las fronteras

En este sentido, Lluis Magriñá sj, director de el JRS Internacional (Servicio Jesuita a Refugiados), afirmaba el pasado 20 de junio -con motivo del Día Internacional del Refugiado-, que "cada vez más los refugiados se convierten en víctimas de las políticas de control fronterizo", e instó a todos los gobiernos a garantizar el acceso y a la protección de los refugiados que penetren en su territorio.

"Los gobiernos están invirtiendo millones para mantener fuera de sus fronteras a los inmigrantes. Algunos de ellos, como el gobierno de la India, el de Estados Unidos o el de España están construyendo barreras físicas para impedir la entrada de inmigrantes. Pero no se ha hecho nada para que los refugiados no tengan que recurrir a traficantes sin escrúpulos y a contrabandistas. Por desgracia, las consecuencias suelen ser trágicas" añadió el P. Magriñà.

Muy a menudo, los Estados no distinguen a aquellos que representan una amenaza la seguridad de los inmigrantes y de quienes necesitan protección internacional. En diciembre de 2006, tras una intensificación del conflicto de Somalia, las autoridades de Kenya cerraron la frontera con su vecino. "Esta medida obligó a miles de somalíes desplazados por el conflicto, especialmente mujeres y niños, a vivir en condiciones tan insalubres y duras que llegaban a poner en riesgo sus vidas", advirtió la directora del JRS Kenya, Anne Wangari.

Existe un grave desequilibrio entre la gestión de las fronteras y las obligaciones internacionales de derechos humanos de ayudar a quienes lo necesitan. "El patrullaje naval constante en las costas australianas impide que embarcaciones con potenciales solicitantes de asilo puedan entrar en sus aguas territoriales. Los pocos que consiguen hacerlo son transferidos a centros de tramitación fuera de sus costas donde el acceso al apoyo legal y comunitario está limitadísimo," remarcó Georgina Pike, responsable de advocacy del JRS Australia.

La protección global de los refugiados es un delicado sistema basado en el concepto de responsabilidad compartida de los Estados. Para que este sistema funcione con justicia y eficiencia, el JRS hace un llamamiento a todas las naciones para que se permita a los refugiados acceder a sus territorios y recibir protección en ellos. En particular, los países industrializados más ricos deben facilitar recursos financieros y técnicos a las naciones más pobres que albergan a refugiados, y reasentar una cifra mayor de refugiados vulnerables que no pueden encontrar protección en otros lugares.

Los "refugiados del hambre"

La campaña Derecho a la alimentación. Urgente, de la que Entreculturas forma parte,  quiere llamar la atención también sobre los "refugiados del hambre": decenas de miles de personas, la mayoría de África subsahariana, que huyen cada día de sus países porque su derecho humano a la alimentación -y, por ende, su derecho a la vida-, es violado sistemáticamente.

Estas decenas de miles de personas no son consideradas refugiadas. Se las considera "migrantes económicos" pese a que la persistencia de las condiciones que amenazan su vida no permite un regreso seguro. A diferencia de lo que sucede con los refugiados, los Estados no tienen obligación jurídica de aceptar a los migrantes económicos: pueden ser, y son, expulsados y devueltos a sus países de origen. El hambre o la hambruna son el resultado de la vulneración del derecho humano a la alimentación. Por tanto, las personas que huyen del hambre no lo hacen de manera voluntaria, movidos por la búsqueda de nuevas oportunidades, sino que lo hacen obligados porque sus derechos humanos están siendo violados.

La campaña "Derecho a la alimentación. Urgente" trabaja desde 2003 para conseguir la realización efectiva del derecho a la alimentación como un derecho humano fundamental en un marco político de soberanía alimentaria. Está promovida por las ONGD Prosalus, Ingeniería Sin Fronteras, Caritas, Veterinarios Sin Fronteras y Entreculturas.

El derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso, individual o colectivamente, de manera regular y permanente, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, y a los medios necesarios para producirla, de forma que se corresponda con las tradiciones culturales de cada población y que garantice una vida física y psíquica satisfactoria y digna.