Las niñas afganas enfrentan un nuevo retroceso en sus derechos. Un reciente decreto aprobado por el régimen talibán incorpora disposiciones que reconocen implícitamente el matrimonio infantil y dificultan aún más que las niñas puedan decidir sobre sus propias vidas. La medida ha sido condenada por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que ha pedido su derogación inmediata y ha advertido de que cualquier marco legal que normalice o facilite el matrimonio infantil vulnera los derechos de niñas y niños.
La medida se suma a una serie de restricciones impuestas desde la llegada de los talibanes al poder en 2021, que han limitado progresivamente los derechos y libertades de mujeres y niñas en el país. En este contexto, el nuevo decreto vuelve a poner de relieve una realidad que afecta a millones de niñas en todo el mundo: el matrimonio infantil sigue siendo una de las formas más extendidas de violencia y una grave vulneración de derechos.
Un decreto que reconoce implícitamente el matrimonio infantil
La nueva normativa regula aspectos relacionados con el matrimonio y el divorcio en Afganistán. Entre sus disposiciones, contempla situaciones vinculadas a niñas casadas antes de la pubertad y establece que, una vez alcanzada esta etapa, podrán solicitar la disolución del matrimonio concertado previamente por un familiar.
El texto también establece que, si una niña no expresa oposición al matrimonio al llegar a la pubertad, su silencio podrá interpretarse como consentimiento.
Estas disposiciones incorporan al marco legal situaciones de matrimonio infantil y normalizan una práctica que vulnera los derechos de las niñas. Además, la normativa mantiene importantes obstáculos para que mujeres y niñas puedan acceder al divorcio o salir de situaciones de violencia.
Un nuevo obstáculo para que las niñas puedan decidir sobre su futuro
Más allá de sus implicaciones jurídicas, el decreto refleja una realidad más profunda: la limitación de la capacidad de decisión de las niñas sobre cuestiones fundamentales de sus propias vidas.
La posibilidad de que una niña sea considerada casada antes de alcanzar la mayoría de edad, o que su silencio sea interpretado como consentimiento, plantea serias dudas sobre el respeto a su autonomía y a su derecho a participar en decisiones que afectan directamente a su presente y a su futuro.
Esta situación se produce en un contexto en el que las niñas afganas ya enfrentan múltiples restricciones para ejercer sus derechos y participar plenamente en la sociedad. La acumulación de estas barreras incrementa su vulnerabilidad y reduce las oportunidades de construir proyectos de vida propios y libres de violencia.
Una realidad que afecta a millones de niñas en el mundo
El matrimonio infantil sigue siendo una de las formas más extendidas de violencia contra las niñas. Cada año, alrededor de 12 millones de niñas son obligadas a casarse antes de cumplir los 18 años.
Las consecuencias son profundas y duraderas. El matrimonio temprano suele provocar el abandono escolar, incrementa la exposición a distintas formas de violencia y limita el acceso a oportunidades educativas, económicas y sociales. Según los datos recogidos en nuestro informe Niñas en peligro, el 90 % de las niñas casadas están fuera de la escuela.
Aunque en las últimas décadas se han producido avances en algunos países gracias a reformas legislativas y políticas públicas, millones de niñas continúan viendo vulnerados sus derechos por prácticas que perpetúan la desigualdad de género.
Una respuesta internacional que no puede esperar
La situación en Afganistán pone de manifiesto la necesidad de reforzar los compromisos internacionales para prevenir y erradicar el matrimonio infantil en todas sus formas.
Ninguna niña debería verse obligada a abandonar la escuela, contraer matrimonio o renunciar a sus sueños antes de tiempo. Garantizar que puedan crecer libres de violencia y decidir sobre su propio futuro sigue siendo una responsabilidad colectiva que no admite más retrasos.