Pensamos que la multitud de muertes y personas heridas podría haberse evitado. Además de manifestar nuestro dolor ante los sucesos, condenamos con rotundidad la utilización de toda muestra de violencia como mecanismo de resolución de conflictos e instamos a las partes implicadas a buscar mecanismos de diálogo.

A lo largo de más de 15 años hemos sido testigos del esfuerzo del pueblo awajunwampis para sentar las bases legales que aseguren su permanencia en el territorio tradicional y la conservación de su cultura; a la vez que transitar el camino de su desarrollo humano. Por respeto a este pueblo, deseamos que la información que se difunda sobre la realidad indígena peruana sea lo más veraz, objetiva y contrastada posible. El Gobierno de Alan García se ha autoexculpado de la responsabilidad ante lo sucedido y ha responsabilizado de la tragedia a un complot de organizaciones contrarias al desarrollo del Perú. Pensamos que esa posición no hace justicia a la información que comparten con nosotros nuestros compañeros de Perú.

El paro indefinido actual comenzó el pasado 9 de abril y ha movilizado a unas 5.000 personas. Las primeras comunidades en unirse fueron las del Alto Marañón, de la cuenca de Cenepa y del distrito de Imaza y posteriormente se sumaron las de Santiago, Nieva, Marañón y Domingusa. A nivel nacional, el movimiento cobró fuerza a partir del 20 de abril con la toma de carreteras en la región San Martín, bloqueos de lanchas en la región de Loreto, bloqueos de aeródromos en la región de Ucayali y la toma de la estación de bombeo de petróleo N°06 y del puente Corral Quemado en la región Amazonas.

Los pueblos amazónicos retoman en este paro demandas pendientes. La aprobación de varios decretos legislativos por parte del gobierno de Alan García ya provocó, a primeros de agosto del 2008, una movilización que resultó de dimensiones históricas. A pesar de que los medios de comunicación no se hicieron en su momento eco de la noticia, cerca de 12.000 personas se sumaron a un paro de casi 3 semanas que discurrió pacíficamente en el departamento del Amazonas.

El motivo del paro fueron once decretos-ley emitidos por el gobierno en el marco de las facultades especiales que el Congreso le otorga para la progresiva implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Dichos decretos facilitan la cesión y venta de terrenos comunales sin previa consulta libre e informada a los pueblos y sus comunidades, tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT suscrito por Perú en 1994.

Según su artículo 6 "los gobiernos deben consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente [...] con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas". Los decretos afectan al derecho de propiedad privada y comunal. Su articulado favorece la concentración de la tierra, permite que el Ministerio de Agricultura pueda cambiar la calificación de las tierras agrícolas y forestales sin mayores requisitos y rectificar inscripciones de propiedad en los registros públicos. Estos decretos entran en conflicto de competencias de los gobiernos regionales en materia, por ejemplo, de patrimonio forestal. Con su intención política de explotación eficaz en términos de rendimiento económico, favorecen los intereses de agricultores con recursos y la gran industria extractiva y, lo que es más grave, pone en peligro las áreas reconocidas a favor de las comunidades campesinas y nativas.

Gracias a las movilizaciones se logró que el Congreso derogara el 22 de agosto de 2008 dos de los decretos más polémicos y encargara la revisión de la constitucionalidad de los demás a una comisión multipartidaria. Mientras, el ejecutivo se comprometía con los dirigentes indígenas a crear una mesa de diálogo permanente para tratar otras demandas referidas a políticas de salud y educación intercultural o la reactivación de programas de titulación de tierras de comunidades nativas.

Ocho meses después del citado compromiso, la comisión del Congreso no había presentado todavía su informe y varios de los decretos cuestionados por los pueblos amazónicos continuaron con su reglamentación. Por su parte, el Ejecutivo tampoco había oficializado una mesa de diálogo con AIDESEP, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Amazónica, lo que corrobora la falta de voluntad política de cumplir los compromisos. Ello llevó a las comunidades indígenas a convocar un nuevo paro, en abril de 2009.

La comisión multipartidaria presentó su informe la segunda quincena del mes de abril al Congreso de la República, y respaldó la demanda de inconstitucionalidad de los pueblos amazónicos. Sin embargo el partido en el gobierno rechazó el informe y pidió que los decretos fueran evaluados por la comisión constitucional del Congreso. La situación en el departamento de Amazonas, entretanto, se fue complicando. La federación de rondas campesinas se sumó al paro, se cortó la carretera de Jaén a Bagua y unas 5.000 personas se movilizaron en la estación de bombeo de petróleo de Imazita. El jueves 4 de junio de 2009 era la fecha en la que el pleno del Parlamento iba a debatir sobre uno de los decretos legislativos ya declarado como inconstitucional por la comisión multipartidaria. Sin embargo, la reunión, cuyos resultados ansiaban conocer los indígenas, no llegó a realizarse porque los congresistas convocados no acudieron a la cita.

Y el 5 de junio, viernes, la policía se acercó a la carretera de Jaén a Bagua, que estaba tomada por los indígenas, con la orden de dispersarlos para abrirla. Según testigos directos, el líder nativo Santiago Manuin trató de acercarse a la policía para parlamentar pero ésta lanzó gases lacrimógenos y, como los indígenas no se movieron, dispararon sus armas al aire y contra el suelo. Algunas balas rebotaron, mataron a un indígena e hirieron a otros. El grupo se exaltó e intentó avanzar hacia los policías que comenzaron a disparar directamente a la gente. En ese momento, casi al comienzo del enfrentamiento, fue repetidamente baleado el dirigente Santiago Manuin que se encuentra en un hospital de la zona en estado grave.

Santiago es un líder awajun-wampis, muy reconocido por las comunidades de la zona, con una amplia trayectoria en la organización de la población para la defensa de sus derechos. En el año 2001 participó en un Programa de Formación en Derechos Humanos para líderes indígenas organizado por la Universidad de Deusto y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, en el que profundizó en el conocimiento del Derecho Internacional y le preparó para una mejor protección de los derechos de su pueblo.

El tratamiento de este asunto por parte del gobierno peruano y los medios de comunicación mayoritarios, tanto en el Perú como fuera de él, está invisibilizando el verdadero conflicto que viven los pueblos awajun-wampis y, por ende, el Perú. Los reclamos de respeto a su territorio y al uso que como pueblo quieren darle son ignorados continuamente por el gobierno, y sus líderes son perseguidos. Aunque no se puede obviar que en el transcurso de los acontecimientos algunos indígenas han cometido
atrocidades, es injusto atribuir esos hechos al conjunto del pueblo awajun-wampis, y aún lo es más vincular sus demandas con la violencia. Achacar la tragedia a un complot de fuerzas enemigas al  desarrollo del Perú es desconocer, una vez más, la larga historia de demandas insatisfechas. Además, supone una excusa interesada y muy peligrosa para no abordar un análisis más riguroso de las causas que han llevado a tanta muerte.

Son días de zozobra y de dolor para muchas personas. ALBOAN y ENTRECULTURAS hacen un llamamiento a los agentes internacionales para que:

• Permanezcan alerta ante los graves acontecimientos que se están produciendo en Perú, atendiendo la globalidad del conflicto.
• Exijan al Gobierno Peruano transparencia en el tratamiento de la información, investigación imparcial de los hechos y prudencia en el uso de la fuerza pública, que el pueblo peruano ha delegado en él.
• Contribuyan al diálogo y la resolución de conflictos de manera pacífica, de modo que respeten los derechos de las comunidades indígenas, en particular, su derecho a la tierra.

ALBOAN y ENTRECULTURAS son ONGs promovidas por la Compañía de Jesús que trabajan por la solidaridad entre los pueblos.

Para más información, dirigirse a p.diez@alboan.org

Enlaces relacionados:

Carta de los jesuitas de Perú sobre lo acontecido en Bagua 12/06/2009 

Los obispos de la Amazonía peruana ante la situación de la población indígena 08/06/2009