Durante la rueda de prensa de presentación, Cristina Manzanedo, coordinadora del documento afirmó que "la frontera española ya no está en Algeciras ni Canarias, se ha desplazado al Sur, es lo que nosotros llamamos Frontera Sur. Dedicamos para el control fronterizo cuantiosos recursos en dinero, medios técnicos y personal. Los que llegan son unos héroes. Hoy, el control se hace en los países de tránsito. Ellos son los que hacen ese ingrato trabajo y nosotros los que los financiamos y los formamos ("ojos que no ven..."), ha declarado Cristina Manzanedo.

El Servicio Jesuita a Migrantes-España ha expuesto cómo este hecho de externalizar las fronteras para aumentar nuestra seguridad y garantizar nuestra libertad provoca injusticia, inseguridad y falta de libertad. "En España, el marco legal del extranjero incluye, por ejemplo, el derecho a intérprete, a asistencia sanitaria si hace falta, derecho a abogado. Todo esto es el marco jurídico que defendemos dentro de nuestros espacios y que no existe fuera de nuestras fronteras", ha denunciado Cristina.

El informe también desmonta la idea que se tiene en España sobre la población inmigrante africana, distorsionada por las imágenes de los cayucos y cuenta de primera mano las condiciones de vida de los migrantes que viven "atrapados", muchos durante años, en la Frontera Sur.

Con este documento, el Servicio Jesuita a Migrantes quiere lograr que nuestros representantes en el Europarlamento y la Unión Europea en general se comprometan a garantizar los estándares democráticos y jurídicos en los controles de la inmigración. Asímismo, que defiendan los derechos de las personas migrantes en los países de destino firmando la firma de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todas Personas Trabajadoras Migrantes y de sus Familias (1990).

El Servicio Jesuita a Migrantes-España también ha manifestado que la sociedad española debe ser consciente de toda esta realidad y la responsabilidad que nuestras políticas de migración y cooperación tiene en ella y demandar a nuestros respresentantes políticos que no tomen medidas que provoquen la vulneración de derechos humanos en terceros países.

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1.- Puntos principales del documento:

• Sobre la imagen mediática del cayuco, que solemos superponer a cualquier noticia o reportaje sobre la vida de los inmigrantes, el documento señala que incide negativamente en el discurso político. Así, aunque se hable de posibles "avalanchas", lo cierto es que un análisis detenido de las cifras permite concluir que la presencia de subsaharianos no es tan elevada. En 2008, la población residente en España de origen africano (magrebí y subsahariano: 813.958 personas) era sólo el 15,6% de nuestra población extranjera.
• Sobre los controles fronterizos, el documento reclama que deben ser controlados políticamente y llama la atención sobre algunos aspectos como:
• La paradoja de que el gobierno español y los gobiernos europeos inviertan costosos medios técnicos y humanos para restringir los flujos migratorios africanos, siendo estos un pequeño porcentaje de los flujos globales.
• Los sistemas técnicos y humanos, vigentes en la UE y España, para el control de la Frontera Sur plantean problemas morales y jurídicos que debieran ser controlados políticamente. Por ejemplo:
• La gestión de las fronteras se ha externalizado, llevándose más allá de los propios límites geográficos, tanto terrestres como marítimos. Por ejemplo: se interceptan inmigrantes en aguas de sus propios países, o en aguas de terceros países que suponen, en algunos casos, violaciones del derecho internacional (ej: derecho de abandonar el propio país, derecho a solicitar asilo).
• No siempre se respetan las garantías jurídicas previstas en los ordenamientos español y de la UE para las personas que tratan de acceder a nuestro territorio: derecho a ser informado, asistencia jurídica, intérprete, recurrir la medida impuesta...
• La disminución de los flujos migratorios de Argelia y Marruecos ha tenido como consecuencia la intensificación de las rutas libia y oriental. Aunque la presión migratoria sobre España sea menor, ha aumentado notablemente la peligrosidad del periplo migratorio, como pudimos comprobar en los naufragios de la ruta libia que recogieron los periódicos a primeros de abril.
• En los últimos acuerdos marco de cooperación migratoria entre el Estado español y otros países africanos (Plan África), se regula la readmisión de los nacionales de las Partes Contratantes, pero llama la atención la ausencia en dichos acuerdos de referencias vinculantes a la debida protección de los derechos humanos.
• Aunque España haya incrementado notablemente los fondos de Ayuda al Desarrollo para el África subsahariana, los acuerdos de cooperación se vinculan a los controles de flujo y a la readmisión de migrantes.
• Sobre las condiciones de vida de los "atrapados":
• Denuncia que los migrantes apostados en países norteafricanos malviven en la penuria y la inseguridad jurídica: no pueden obtener empleo, viven hacinados, por su condición irregular se les limita el acceso a los servicios sanitarios y educativos, no pueden abrir cuentas bancarias, ni registrar cambios en el estado civil, ni los nacimientos de sus hijos... Los hay "atrapados" durantes tres y cuatro años.
• Las detenciones y expulsiones de inmigrantes subsaharianos en el entorno africano de la Frontera Sur europea, que son habituales desde 2005, son aleatorias y muchas veces responden a factores externos, como visitas de autoridades europeas, llegadas masivas a Canarias o golpes policiales contra la droga.
• Están decididos a seguir adelante: Los inmigrantes que esperan en la frontera poder cruzar a España difícilmente van a renunciar a su proyecto migratorio ("Una vez que comienzas el camino, no hay vuelta atrás. No emigras solo tú sino toda tu familia y tu pueblo"; "Intentaré ir a España cuantas veces pueda porque aquí no hay nada y no puedo mirar así a mi familia, morir sin intentar nada", son algunos de sus testimonios).
• Sobre las injusticias que provocan las medidas que aumentan nuestra libertad y garantizan nuestra seguridad:
• En el interior de las fronteras se generan también ámbitos de inseguridad e injusticia. La restricción de las vías migratorias regulares y los obstáculos crecientes a la regularización administrativa endurecen las condiciones de vida de los inmigrantes e incluso empiezan a colocar al margen de la ley a quienes les prestan asistencia humanitaria.
• El contexto de crisis económica actual, la pérdida del trabajo, la dificultad para cotizar a la Seguridad Social, exponen a no poder renovar las autorizaciones de trabajo y residencia a los inmigrantes que ya residen en nuestro país. Pero de ahí no se deduce tanto el retorno como la organización de la supervivencia hasta que puedan acceder de nuevo a la condición legal.
• Las medidas destinadas a aumentar nuestra seguridad y garantizar nuestra libertad provocan injusticia, inseguridad y falta de libertad. El documento advierte que los espacios de libertad, seguridad y justicia de los europeos son "a costa" de la falta de libertad, inseguridad e injusticia, entre otros, de los inmigrantes de la Frontera Sur.

2.- ¿Qué pide el SJM-E al Parlamento Europeo?

Por todo lo anterior, el SJM-E pide a los europarlamentarios/as:

1. Ajustar el discurso político sobre las migraciones africanas a los datos de realidad y no a un imaginario social distorsionado por los medios de comunicación.
2. Hacer efectivo, en el uso de sus competencias, el enfoque global sobre las migraciones en los tratados internacionales que firmen la UE y sus Estados miembros con países africanos:
   • Desarrollando canales efectivos para la migración legal.
   • Vigilando la coherencia de las políticas de cooperación al desarrollo, especialmente cuando se vinculan a las migraciones, de modo que no se instrumentalice la ayuda al desarrollo en función del control de flujo migratorio.
3. Vigilar escrupulosamente la salvaguarda de las garantías jurídicas en los controles de la migración más allá de las fronteras de la UE, especialmente para las personas necesitadas de protección internacional.
4. Intensificar su lucha contra las redes de trata y el tráfico de seres humanos, haciendo énfasis en su desarticulación dentro y fuera de las fronteras de la UE, velando porque de ello no resulten perjudicadas las personas más vulnerables.
5. Revertir todas las políticas que quiebran los espacios de libertad, seguridad y justicia en los entornos exterior e interior de las fronteras de la UE; de modo que no se vulneren los derechos fundamentales de las personas reconocidos en el ordenamiento comunitario y en los ordenamientos de sus Estados miembros.
6. Reforzar la protección de los derechos de la población migrante promoviendo la ratificación de la Convención internacional para la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias (1990).

3. - Testimonios

Serigne Mbaye, inmigrante africano, de Senegal, casado y con 3 hijos, que ha cruzado la Frontera Sur:

Viajé en cayuco el 22 de mayo de 2006. Nunca dejo de olvidarme de esa fecha. Vine para llegar a una tierra de esperanza y paz, que era lo que pensaba que era Europa. El viaje, son días de riesgo, días en que hemos apostado nuestra vida, nuestros sueños por un mundo mejor. Es un viaje sin apenas comida y agua, no sabíamos si los motores eran suficientes, si la gasolina era suficiente. Tuvimos que irnos a alta mar para salvar la vigilancia, primero de los guardias de Senegal y de Marruecos y luego la guardia civil española. Al ir a alta mar aumenta el riesgo. Teníamos un susto de muerte. Frecuentemente uno gritaba, había pánico, muchos tenían miedo porque era difícil de soportar la dureza del viaje.

Cuando llegamos aquí a España nos cogió la Guardia Civil y estuvimos 3 días en la comisaría para poder expulsarnos. Pasamos a un Centro de Internamiento de Extranjeros para esperar 40 días a ver qué pasaba con nosotros. A unos los han expulsado, otros como yo hemos tenido más suerte. A mí, desde Tenerife me enviaron a Madrid.

Los que quedamos en libertad en Madrid empezamos a buscarnos la vida y entonces nos dimos cuenta de que España no era lo que pensábamos. Nosotros creíamos que íbamos a tener trabajo desde el primer día.

Te buscas la vida como sea, salí a sitios como Atocha, plaza Elíptica a buscar trabajo y hay personas que se aprovechan de nosotros, te dicen,"mañana te pago y mañana no viene, probé la top-manta y el primer día me pilló la Policía. Tenemos que estar 3 años para los papeles y entonces poder trabajar. Cuando nos pillan en el top manta te pasas 72 horas en comisaría.

Ahora, la cosa se ha intensificado, salen a darnos caza, nos tratan como delincuentes, nos mandan a comisaría, vienen de paisano. Hay controles selectivos: si hay un negro, se va primero a por él. Vienen a buscarnos hasta las puertas de los colegios de nuestros hijos.

Hay días muy duros, pero también vivimos con esperanza y queremos que nos traten igual, como la gente, para tener un mundo mejor, el mundo que soñábamos antes de venir a España.

Pep Buades, jesuita coordinador del SJM-España y encargado de relaciones externas del Centro CeiMigra de Valencia:

El Servicio Jesuita a Migrantes se ha ido conformando desde los años 90 para estudiar el fenómeno migratorio, formar a inmigrantes y formar a agentes sociales que trabajan con inmigrantes, para acompañar...Pero desde hace un tiempo hemos puesto la mirada muy fija fuera de nuestro territorio.
-Fue en 2005 cuando se nos pidió que siguiéramos a las caravanas de inmigrantes cuando la Crisis de las Vallas. La respuesta de la opinión pública (y el trabajo de los medios de comunicación) forzó a los gobiernos de España y Marruecos a detener aquel tipo de expulsión, y aunque los expulsaron fue por una vía más segura.

Luego, el director internacional del SJR nos invitó a hacer algo en el Norte de África. No podíamos trabajar sólo en la integración en España, teníamos que tener presencia más allá de nuestras fronteras.
Por eso cuando se acaba la legislatura europea queremos recordar a los poderes públicos que todavía hay tareas pendientes y vamos a señalar algunas.

Cristina Manzanedo, coordinadora del Documento:

La imagen social de la población africana es la de los cayucos y es una imagen desajustada. En los últimos años ha aumentado la población africana, pero sin embargo respecto de la población extranjera en España, el porcentaje es menor, pasando de un 20 a un 15%. De ellos un 75% son personas de Argelia y Marruecos, la mayoría varones, menores de 40 años. Su mayor presencia está en Melilla, Murcia, Cataluña, Ceuta, La Rioja. Y con estos datos, creemos que no es una avalancha ni una invasión, como a veces se nos dice.

Las políticas están centradas en el control de la inmigración clandestina. Las políticas de control Europea y española van destinadas a:

• Primero, colaboración entre Estados miembros sobre inmigración ilegal.
• Segundo, bajo el nombre de "corresponsabilidad", se pide, o más bien se presiona a los Estados africanos que controlen los flujos migratorios. Nosotros dedicamos para ello cuantiosos recursos en dinero, medios técnicos y personal. Es decir que llegan muy pocos, los que llegan son unos héroes.

El control ya no es Algeciras o Canarias, sino en países de transito. Ellos son los que hacen ese ingrato trabajo ("ojos que no ven...") y nosotros los que los financiamos y los formamos.
La frontera española ya no está en Algeciras ni Canarias, se ha desplazado al Sur, es lo que nosotros llamamos Frontera Sur.

Cuando miramos a África creemos que estos controles están siendo eficaces. Es verdad que ha habido una reducción de llegada de cayucos a Canarias. Pero es que se han desviado las rutas hacia el este, teniendo entonces más peligrosidad. Y por otro lado, si no tenemos tanta población irregular es porque estamos generando bolsas de población irregular en países en tránsito.

En España, el marco legal del extranjero incluye: derecho a intérprete, a asistencia sanitaria si hace falta, derecho a abogado. Todo esto es el marco jurídico que defendemos dentro de nuestros espacios y que no existe fuera de nuestras fronteras: lo hacen otros por encargo nuestro.

Creemos también que con algunos controles marítimos se está impidiendo el derecho de asilo para la población interceptada en aguas de su propio país de origen. Nos preocupan también los acuerdos de repatriación en el Marco del Plan África, porque en ellos no hay mención a las garantías de los derechos humanos.

Conclusión: Europa se define como un espacio de libertad, seguridad y justicia. Pero la situación actual de la población irregular en España y las bolsas de la población inmigrantes en países en tránsito no son espacios de seguridad, libertad y justicia. Estamos creando ciudadanos de segunda clase. Y en estos espacios se vulneran los derechos humanos y se instala la inseguridad jurídica.

Joaquim Pons, jesuita, director del Centro Migra-Studium de Barcelona.

El SJM-E pide a los europarlamentarios/as:

1. Ajustar el discurso político sobre las migraciones africanas a los datos de realidad y no a un imaginario social distorsionado por los medios de comunicación.
2. Hacer efectivo, en el uso de sus competencias, el enfoque global sobre las migraciones en los tratados internacionales que firmen la UE y sus Estados miembros con países africanos:
   • Desarrollando canales efectivos para la migración legal,
   • Vigilando la coherencia de las políticas de cooperación al desarrollo, especialmente cuando se vinculan a las migraciones, de modo que no se instrumentalice la ayuda al desarrollo en función del control de flujo migratorios.
3. Vigilar escrupulosamente la salvaguarda de las garantías jurídicas en los controles de la migración más allá de las fronteras de la UE, especialmente para las personas necesitadas de protección internacional.
4. Intensificar su lucha contra las redes de trata y el tráfico de seres humanos, haciendo énfasis en su desarticulación dentro y fuera de las fronteras de la UE, velando porque de ello no resulten perjudicadas las personas más vulnerables.
5. Revertir todas las políticas que quiebran los espacios de libertad, seguridad y justicia en los entornos exterior e interior de las fronteras de la UE; de modo que no se vulneren los derechos fundamentales de las personas reconocidos en el ordenamiento comunitario y en los ordenamientos de sus Estados miembros.
6. Reforzar la protección de los derechos de la población migrante promoviendo la ratificación de la Convención internacional para la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias.

El Servicio Jesuita a Migrantes-España es una red de entidades jesuitas dedicadas al estudio de las migraciones, a la acogida y formación de inmigrantes, a la promoción de una sociedad inclusiva, integrada e intercultural. Entre estas entidades se encuentran el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (Universidad Pontificia Comillas, Madrid), la fundación Migra Studium (Barcelona), la fundación CeiMigra (Valencia), la fundación San Juan del Castillo (Madrid), la fundación social Ignacio Ellacuría (Bilbao) y la asociación Voluntariado Claver (Sevilla). Se coordina con el SJM-Latinoamérica y Caribe y une esfuerzos con el Servicio Jesuita a Refugiados en Europa, para hacerse presente también en África del Norte, donde trabajan con población migrante.