“El conflicto colombiano es una cuestión regional”

Aprovechando tu visita a Entreculturas, nos gustaría saber qué evaluación haces de la situación de las personas refugiadas en América Latina y Caribe, sobre todo, desde el punto de vista de las políticas migratorias que se están implementando actualmente en la mayoría de los países...

Lo primero que tenemos que decir es que Colombia, después de Sudán, es la segunda crisis humanitaria del mundo, solo que la prensa internacional visibiliza otro tipo de situación y América Latina está bastante ausente en los medios de comunicación europeos... Las estadísticas oficiales dan alrededor de 3 millones de desplazados internos en Colombia; en lo que respecta a los niños soldado, es el segundo conflicto armado en número de menores involucrados en la guerra, a nivel de minas antipersona también... Es decir, el problema de Colombia es muy grave, y ya no se puede hablar de un conflicto interno, sino que se trata de un conflicto regional. Todos los países vecinos a Colombia están salpicados por el conflicto. En Venezuela se calculan en torno a 250.000 refugiados colombianos (según datos del ACNUR), aunque, si uno se acerca al nudo fronterizo entre Venezuela y Colombia se encuentra una explosión demográfica tremenda que  se debe al impacto de todas las personas que han llegado al país huyendo de la inestabilidad colombiana. 

En Ecuador se calculan también unas 250.000 personas refugiadas y en Panamá cerca de 63.000, también en Costa Rica y en la región Amazónica de Brasil. 

A partir de la implantanción del Plan Colombia en 2000, que fue arrinconando a la guerrilla (esto es, llevándolas a la frontera), los países vecinos se han visto involucrados en el conflicto. En Venezuela, por ejemplo, hay secuestros, reclutamiento de niños, extorsión de la población, etc. Igualmente, la reciente crisis del pasado mes de marzo, demuestra la influencia de dicho conflicto en Ecuador. En realidad, el Plan Colombia estuvo impulsado por EEUU, que ha hecho énfasis en una línea que apuesta por la salida dura, y que ha incrementado el militarismo y agudizado el conflicto, so pretexto de la lucha antidroga. La estrategia era pasar del Plan Colombia a la Iniciativa Regional Andina (IRA) un plan militarista regional financiado por USA, que en el fondo no era otra cosa que una estrategia para la venta de armas en la región. Ahora bien, el giro a la izquierda de las políticas latinoamericanas (protagonizado por la llegada al poder de nuevos presidentes de gobierno) ha impedido el desarrollo de dicha estrategia. 

En Venezuela, en materia humanitaria el gobierno de Hugo Chávez mantiene en la práctica una política contradictoria que podríamos calificar de "tolerancia excluyente"; digo "tolerancia" porque los refugiados entran al país y son acogidos, pero no integrados ni reconocidos, porque las políticas del Estado los mantiene excluidos. El conflicto colombiano ha traspasado las fronteras no sólo en lo relativo al desplazamiento de la población civil, sino que también los actores en conflicto en Colombia comienzan a hacer alianzas con los actores polarizados y en conflicto político en Venezuela. Y, claro, en medio de todo esto, está la población que huye de Colombia hacia Venezuela y que, una vez en Venezuela, sigue encontrándose bajo la influencia de su propio conflicto de origen, en una situación de mayor vulnerabilidad al hallarse en un país extranjero... 

 

¿Cómo es el trabajo del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) en Venezuela con los refugiados que llegan de Colombia? ¿Hay algún tipo de implicación política o se limita a atender las necesidades básicas de dichos refugiados y refugiadas?

El SJR Venezuela, cuando en 1999 tuvo lugar el proceso constituyente, se implicó mucho a nivel político a fin de influir en la Constitución Nacional para que apareciera un artículo relativo al refugio. Después estuvimos trabajando en la propuesta de ley para la Asamblea Nacional y, si bien la ley que se aprobó no fue al 100% la que nosotros habíamos propuesto, sí fue una ley bastante respetuosa con nuestros planteamientos. A continuación, tuvimos bastante relación con el alto gobierno de entonces, pero en el 2002, después que  tuvo lugar el golpe de Estado que destituyó a Chavez por un día y que después por aclamación popular Chávez retomó el poder, se nos cerraron todas las puertas para el diálogo. Después del 2002, comenzó la línea dura del chavismo. Y, desde entonces, cada vez nos ha resultado más difícil la incidencia política y la negociación. 

Así que estamos trabajando ahora como siempre a nivel de campo, en una incidencia local, acompañando a las organizaciones que trabajan con los refugiados... y, a nivel nacional, intentando establecer nuevas plataformas para el diálogo, esto no es fácil por el cierre de los espacios democráticos. 

A nivel de campo, el JRS atiende a los solicitantes de refugio a través de una serie de programas de integración comunitaria, micro créditos, acompañamiento jurídico, acompañamiento para el empoderamiento de las mujeres, programas de prevención contra el reclutamiento de niños. 

 

¿Cómo son las relaciones entre Colombia y Ecuador? ¿De qué modo se trasvasa el conflicto colombiano y cuál es el trabajo que desarrolla el JRS en esta frontera?

En Ecuador, a partir de 2006, el JRS ha vuelto a trabajar en frontera porque, cada vez más, este país se está viendo afectado por el problema de las fumigaciones de los cultivos de coca colombianos que afecta a la ecología y a las comunidades en el lado ecuatoriano. Esta práctica afecta a la ecología y genera movimientos de comunidades que se refugian en territorio ecuatoriano, a demás, estas fumigaciones representan un problema de salud pública para Ecuador. 

Desde que el presidente Rafael Correa llegó al poder, ha tratado de poner solución a este asunto. También porque esos territorios ocupados para el cultivo sirven de alojo a miembros de las FARC, con las consecuencias que eso conlleva. Correa ha declarado el Plan Ecuador, sin embargo, desde la experiencia del JRS en Ecuador, no se trata sino de una declaración de buenas intenciones que aún han de traducirse en políticas concretas. (Esperamos que la nueva constitución las tenga en cuenta). 

Aprovechando esa coyuntura, el JRS también se encuentra en Ecuador interviniendo en el proceso constituyente, haciendo propuestas en términos de migración y refugio. La verdad es que la postura de Correa favorece en gran medida la capacidad de incidencia del JRS, y el hecho de que muchas de las personas que componen el gobierno provengan de ONG y organizaciones de derechos humanos genera un escenario próspero para configurar un nuevo Estado garantista. 

En Ecuador el JRS acompaña a varias organizaciones de migrantes y refugiados para que estas desde sus capacidades inicien un proceso de participación en el país. También tiene programas de micro crédito en las zonas de frontera y acompaña jurídicamente a las personas para que se le respeten sus derechos. 

 

¿Y cuál es la peculiaridad de la expansión del conflicto Colombiano en Panamá? ¿Qué dificultades encuentra el JRS a la hora de incidir en esta zona?

En efecto, como hemos visto, existe un conflicto regional que en cada país se expresa de una manera distinta de acuerdo a la relación que mantenga con Colombia. En lo que respecta a Panamá, hay una particularidad bien interesante que tiene que ver con todo el tema del desarrollo asiático. 

Si tú ves el mapa de América Latina en el siglo XX, las grandes dinámicas de intercambio comercial entre las principales ciudades se fueron concentrando en las costas del Atlántico, y  Panamá se constituyó en un espacio estratégico para el comercio,  de ahí que se abriera el Canal, para facilitar el intercambio entre el Pacífico y el Atlántico. Pero ahora, En el siglo XXI, con el desarrollo de Asia, toda la zona pacífica americana se está convirtiendo en una zona comercial prioritaria y Panamá está ampliando su canal. 

Esta situación, unida al propio conflicto colombiano, está motivando la expulsión de muchas personas hacia Panamá, incluso por la frontera a través de la provincia de El Darién. El problema de El Darién es que es una zona muy selvática y, por lo tanto, de difícil acceso hacia la ciudad de Panamá, por lo que ha terminado por convertirse en un campo de confinamiento para muchos  refugiados y refugiadas, no sólo por el aislamiento, sino también por el peculiar estatus que el gobierno panameño ha inventado para ellos "protegidos humanitarios temporales" (PTH). Este estatus no está reconocido por el Derecho Internacional Humanitario, de modo que los PTH carecen de los mínimos derechos; no pueden trabajar, por lo que no tienen dinero para comprar alimentos, no tienen garantía de una vivienda, etc. Es una situación muy dramática. 

Y, por si fuera poco, en el territorio de El Darién coexisten los pueblos indígenas y las poblaciones afrocolombianas desplazadas tiempo atrás que, pese a tener derecho de propiedad sobre sus tierras, sufren la extorsión de los paramilitares y guerrillas que quieren expulsarlos a fin de ampliar su acceso al Canal y alimentar sus intereses comerciales (narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, etc.). 

Es un escenario bien complicado. El contraste social en la ciudad de Panamá es impresionante. Desde el punto de vista económico, la sociedad está muy polarizada, y esto -junto a la proximidad del Canal- es un caldo de cultivo idóneo para la aparición de brotes xenófobos dada la cantidad de migrantes que están llegando a Panamá. El gobierno acaba de sacar una ley migratoria muy restrictiva y dura. 

El contexto político panameño tampoco acompaña. Está marcado por esa dinámica global de comercio a gran escala que acaba por olvidar el desarrollo equitativo de su propia población. Una de las demandas más apremiantes de los ciudadanos panameños es el derecho al trabajo (sobre todo por parte de los refugiados, quienes encuentran numerosas trabas burocráticas para conseguir permisos laborales). 

El JRS, en medio de estas circunstancias, trata de incidir en tres ámbitos, fundamentalmente: el confinamiento de las personas refugiadas, el derecho al trabajo y la defensa de los derechos de los niños y niñas. Pero la cosa está muy complicada en Panamá. 

 

¿Y el JRS está presente en Brasil? ¿El conflicto colombiano también se expande por esa frontera?

Brasil es el cuarto país que hace frontera con Colombia y, desgraciadamente, tampoco escapa a la influencia negativa del conflicto. El JRS está en trámites de establecerse en esta zona fronteriza en Manaos. Ya hicimos un estudio de aproximación y este año mantendremos varias reuniones con los jesuitas de la zona para ver qué trabajo conjunto podríamos desempeñar. 

La ciudad colombiana de Leticia (que es la que hace frontera con Brasil) es un punto bien crítico a nivel de desplazamientos interno y desde esa zona, entre otras, es de donde sale la gente que se refugia en Manaos, Brasil. En Manaos está ubicado el SARES, el centro social de los jesuitas en la frontera. Fueron ellos los que se pusieron en contacto con nosotros, a sabiendas de nuestra labor, a fin de proponernos colaborar mano a mano en el tema de refugiados colombianos en Brasil. 

Personalmente, creo que es un reto muy interesante, además de necesario, dada la agudización del conflicto colombiano.