Entreculturas trabaja desde hace cuatro años con asociaciones locales de Guatemala para defender y empoderar a los colectivos de mujeres indígenas pobres del municipio de Ixcán, al norte del país. En Guatemala, las agresiones contra las mujeres aumentan en cantidad y crueldad cada año, siendo objeto de alarma y de estudio por parte de organismos internacionales y de derechos humanos.

“Exigimos que el personal del Ejército no obstaculice la entrada al Centro de Salud y Centro de Atención Integral Materno Infantil, ni ejerza control sobre el personal de salud, las comunidades que se encuentran en esa área y el público en general, ya que atentan contra los derechos constitucionales y crean miedo en la población”. Ésta es sólo una de las demandas más recientes de la Red de Organizaciones de Mujeres de Ixcán (ROMI), un municipio en la frontera norte de Guatemala habitado principalmente por indígenas mayas. Una pequeña prueba de cómo la población femenina de la zona ha cambiado el rol de víctima por el de defensora activa de sus derechos.

Derechos que se vulneran sistemáticamente desde hace décadas en las comunidades de este municipio, y muy especialmente en el caso de las mujeres y niñas. Al control militar de la zona, con la consiguiente debilidad de la sociedad civil, y a la presión político-económica de grandes empresas internacionales para explotar los recursos naturales de la región amenazando la tenencia de tierras, el entorno y el potencial de desarrollo autónomo de una población dedicada a la agricultura y ya de por sí empobrecida; se suma la exclusión de las mujeres consecuencia del modelo social patriarcal, generalizada en todo el país y mayor en entornos rurales como Ixcán, que muestra su peor cara en miles de casos de violencia física, sexual y psicológica cada año (a lo largo de 2010 se han registrado en Guatemala 680 asesinatos y cerca de 5.000 denuncias por agresión).

 

 

 

Por eso Entreculturas, a través de la asociación local Puente de Paz –con ocho años de experiencia  en el terreno-, trabaja desde 2008 con las mujeres mayas q’eqchís, que viven en 46 comunidades del municipio de Ixcán en condiciones de pobreza y pobreza extrema, con una tasa de analfabetismo superior al 60%. En definitiva, triplemente vulnerables por ser mujeres, pobres e indígenas. El  trabajo consiste en fortalecer las organizaciones de mujeres y comunidades que han sido víctimas de la violencia política, social y estructural, acompañándolas en sus procesos de búsqueda de la verdad y la justicia. Así fortalecen su identidad, se empoderan como actoras sociales y defienden sus derechos. Más de 650 mujeres ya participan en la construcción de una ciudadanía activa a través de las diferentes propuestas que acompaña Puente de Paz, y las beneficiadas indirectas son al menos 3.000 pobladoras del municipio.

Por la desmilitarización

Una de sus prioridades es defender su derecho y el de sus familias a la propia vida y a la seguridad personal en una región que fue escenario de la guerra civil (1960-1996) y sufrió la cruel política de ‘tierra arrasada’ aplicada por el ejército en los años ochenta: se cometieron allí 102 masacres con más de 2.500 víctimas mortales y el 96% de los ixcanecas se vieron obligados a huir de sus casas, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Argumentando que se trata de una región fronteriza donde es necesario luchar contra el narcotráfico, el gobierno ha mantenido allí la presencia militar.

Francisco Iznardo SJ, coordinador del Apostolado Social de la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, conoce el Ixcán de primera mano y señala que “el poder militar no quiere perder el control absoluto y está acostumbrado a tener sometida servilmente a la población y a todas las autoridades civiles locales. La presencia sutil -aunque todopoderosa- de los militares dificulta la reconciliación y la normalización emocional de estas comunidades (…) Si la sociedad civil no ocupa los espacios militarizados que dejó la guerra y los cambia por espacios de participación ciudadana y de lucha por los derechos civiles, el Ixcán seguirá dominado por la lógica militar”.

 

 

 

Poco a poco Puente de Paz, con la financiación de Entreculturas, está consiguiendo dar más importancia a estos espacios de participación ciudadana, y a las mujeres dentro de ellos. La presencia femenina en la toma de decisiones sobre propuestas que impactan en sus vidas ha aumentado considerablemente gracias a su participación en los concejos municipales y comunitarios de desarrollo, los cuales, a su vez, son más tenidos en cuenta por el gobierno estatal. Avances que tienen detrás un intenso trabajo en talleres de formación para lideresas con los 50 Comités de la ROMI, que cada una de las participantes reproduce después en sus respectivas comunidades.

“Abrimos los ojos y comenzamos a pensar”: en defensa de la tierra

La formación humana y política empieza por un análisis de la realidad externa e interna que vive cada una de las participantes, y ante ese relato de la realidad “abrimos los ojos y comenzamos a pensar”, como explica una de ellas. Así van analizando las diferentes problemáticas que deben enfrentar en su día a día.

Una de las más presentes son los proyectos de explotación de recursos por parte de empresas extranjeras, como la promoción de la siembra de palma africana que poco a poco va comiendo terreno a los bosques centenarios de la zona, la perforación de pozos petroleros que el Gobierno pretende licitar este año sin la debida información y consulta a las comunidades afectadas, o los planes de construcción de la presa hidroeléctrica de Xalalá. Estos intereses suponen presiones directas y amenazas a los dirigentes de algunas comunidades y a los propietarios y propietarias de las tierras. “Nos amenazan con querernos sacar, nos da miedo, pero no lo vamos a permitir. Sabemos que tenemos derechos y nos tienen que respetar”, reflexiona una de las habitantes de Ixcán una de las reuniones.

 

 

 

Pero estas mujeres hacen mucho más que reflexionar. Entre otras acciones, este año han lanzado una campaña mediática por la Ciudadanía Activa y Consciente a través de las radios comunitarias, han conseguido que el Comité Municipal de Desarrollo ratifique los resultados de las consultas comunitarias, presentado al Gobierno solicitudes basadas en la Ley de Acceso a la Información, organizado reuniones de mujeres afectadas por las hidroeléctricas y denunciado su situación a nivel nacional, cosechando acuerdos y alianzas con diferentes organizaciones sociales del país.

Contra la violencia hacia las mujeres

Además de participar en la vida y la toma de decisiones, siendo protagonistas de la defensa de los derechos comunitarios, las mujeres con las que trabaja Puente de Paz también están luchando por su derecho a vivir sin violencia dentro de la propia comunidad, en un contexto para nada sencillo. En Guatemala, las agresiones contra las mujeres aumentan en cantidad y crueldad cada año, siendo objeto de alarma y de estudio por parte de organismos internacionales y de derechos humanos.

Esta violencia “es un mecanismo social clave para perpetuar la subordinación de las mujeres, ya que el poder se considera patrimonio genérico de los varones y esta hegemonía masculina se basa en el control social femenino. La diferencia entre este tipo de violencia y otras formas de agresión y coerción estriba en que en este caso, el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer”, detalla el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad San Carlos de Guatemala en uno de sus informes sobre la situación de las guatemaltecas.

Una violencia que hasta hace poco era invisible en Ixcán, pero ya no lo es gracias al trabajo de las mujeres q’eqchís. En 2008 protagonizaron la primera Campaña por la No Violencia hacia las Mujeres, presentada a las autoridades locales y difundida por la radio, que culminó con una marcha de 800 mujeres, 200 hombres y 100 niños y niñas denunciando los abusos machistas y pidiendo justicia para las víctimas.

Con estas y otras muchas acciones, la población femenina de esta localidad guatemalteca ha roto definitivamente el silencio que limitaba su papel al de víctima. Y trabajan que su voz se oiga cada vez más, buscando incidir a nivel familiar, comunitario, municipal y nacional en la búsqueda de condiciones más equitativas y justas de vida.