Nuestra presencia en el Vicariato responde a una misión encomendada a la Compañía de Jesús por el Santo Padre, por tanto no podemos quedarnos al margen de los acontecimientos. En cumplimiento de esta misión nuestros compañeros en el Vicariato están dedicando grandes esfuerzos -junto con otras instituciones eclesiales de la zona- informando de los hechos, ayudando a los heridos, acompañando a las familias de las víctimas, defendiendo el respeto de los derechos fundamentales de los detenidos, apoyando el retorno de los indígenas a sus comunidades, entre otras cosas. La comunidad jesuita de Chiclayo está coordinando la atención a los heridos en hospitales de esa ciudad. La UARM se ha pronunciado públicamente y acogerá la realización de una vigilia de oración organizada por CEAS, el CAAAP, la CONFER y la Coordinación Social de la Provincia. Estamos en permanente contacto con CEAS y otras instituciones. Llevamos varios días corriendo de un lado a otro en distintas iniciativas de ayuda humanitaria. Ahora, más que nunca, necesitamos sentirnos parte del mismo cuerpo, servidores de una misma misión que nos lleva a comprometernos con la defensa de la vida de nuestros hermanos y acompañar a nuestros compañeros jesuitas y sus colaboradores en este servicio.

Según los datos de la Defensoría del Pueblo, al 09 de junio, hay 32 personas fallecidas durante los lamentables sucesos ocurridos en Bagua el pasado 05 de junio, entre ellos se consignan 23 miembros del personal policial y 09 miembros de la sociedad civil. Asimismo, se consignan 186 heridos que han sido atendidos en diferentes hospitales de Chiclayo, Jaén, Bagua y Utcubamba. Muchas otras personas fueron detenidas, y algunas de ellas fueron trasladadas a seguridad del Estado en Chiclayo.

Miembros de la sociedad civil y eclesial que operan en la zona sostienen que hay muchas personas desaparecidas y probablemente existan más víctimas. Han iniciado campañas de búsquedas de cuerpos en las zonas donde se produjo el enfrentamiento entre la policía y los nativos; sin embargo, hasta el momento, no se han encontrado nuevas evidencias. Asimismo, abogados presentes en la zona continúan denunciando irregularidades que impiden una defensa apropiada de los detenidos, violándose derechos fundamentales como la elección libre del abogado defensor y la presencia de un intérprete.

El gobierno, por su parte, luego de manejar un discurso que criminalizaba a los indígenas, ha pasado a buscar canales de diálogo. El Presidente del Consejo de Ministros ha pedido la participación de la Conferencia Episcopal Peruana en un equipo de trabajo para la solución de este conflicto y la restitución de la paz social en el país. Asimismo, el Congreso de la República aprobó esta tarde suspender por tiempo indeterminado la aplicación de los Decretos Legislativos 1064 y 1090, referidos a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que dieron origen a las protestas.

Hay una tensa calma y un futuro incierto. Oremos para superar estos actos de violencia. Colaboremos para construir puentes de reconciliación y profundizar nuestra comprensión de la llamada a servir la fe, promover la justicia y dialogar con la cultura a la luz del mandato apostólico de establecer relaciones justas. Que este lamentable conflicto nos invite a construir una nación intercultural, sin racismo y discriminación, donde se integren las diferentes culturas que cohabitan nuestro país y se valore realmente la vida de todas las personas.

Fraternalmente en Cristo,

César Torres SJ
Coordinador del Apostolado Social
Compañía de Jesús - Provincia del Perú

 

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