Las tensas relaciones que la República Dominicana y Haití han mantenido durante años, hoy siguen reproduciéndose de forma especialmente violenta. Entre 700.000 y un millón de haitianos indocumentados viven en República Dominicana y, todos los lunes y viernes del año, cerca de 200.000 más cruzan la frontera para hacer negocios en el gran mercado en que se convierte la ciudad de Dajabón. En este contexto, el Servicio Jesuita a Migrantes, bajo el nombre de Solidaridad Fronteriza, trabaja denodadamente para mejorar esta convivencia salpicada de explotación al trabajador haitiano.

 

El sujeto fronterizo

Ester, una joven abogada, dejó su casa en Santo Domingo para trasladarse a luchar contra la injusticia en la frontera norte, entre República Dominicana y Haití. Injusticia que se ve reflejada en los rostros de los haitianos que, por ejemplo, malviven explotados en las plantaciones de plátano. Hombres que, con una familia a su cargo, denuncian que su sueldo cubre apenas el alimento de una persona.

Ester se integró en el equipo de Solidaridad Fronteriza, una entidad que, junto a su homóloga Solidarité Frontière en Haití, ha logrado ser un referente para todos los que quieren lograr una convivencia en paz y justicia social. El equipo de personas que lo forman, con el jesuita Regino Ramírez a la cabeza, son mujeres y hombres entregados a una causa por la que luchan sin descanso: la creación del nuevo ciudadano fronterizo, un ciudadano que entienda que la convivencia pacífica y respetuosa entre haitianos y dominicanos mejorará las relaciones de los dos países y significará un enriquecimiento mutuo para sus ciudadanos.

Las actividades que se realizan con la población dominicana se centran en el respeto al prójimo. Respecto a la población haitiana se trata de incidir, principalmente, en su autoestima y en la toma de conciencia de sus derechos. Este trabajo se realiza con los migrantes haitianos a ambos lados de la frontera. El respeto que merece esta labor queda constatado en la forma en que los haitianos se acercan a los talleres. Tras una larga y dura jornada laboral en las plantaciones de banano dominicanas, hombres y mujeres se engalanan para acudir a la pequeña y destartalada casa que se convierte, por unas horas, en escuela improvisada. Todo esto sucede en el pueblo de Cerro Gordo, en cuyos alrededores los haitianos tienen sus casas -que no cuentan con agua ni electricidad- pero sí con la hostilidad de sus vecinos dominicanos. Por su parte, al otro lado de la frontera, en la deprimida ciudad haitiana de Wanament, los niños acuden a talleres de pintura organizados por Solidarité Frontière, mientras que hombres y mujeres, a través de obras de teatro improvisadas, expresan los abusos que padecen cuando acuden al país limítrofe a trabajar o comercializar sus productos. Todo esto ocurre en una ciudad donde no hay sistema de agua potable, el servicio de energía eléctrica es prácticamente inexistente y la población padece de tuberculosis, tifus, malaria y sida en una región que cuenta con 0.03 médicos por casi 1.000 habitantes.

Pero Solidaridad Fronteriza no se limita a trabajar con la población civil, sino que también trata de que la Administración, el Ejército y otros profesionales con influencia social como periodistas o abogados, modifiquen sus actitudes para con los inmigrantes. Así, el personal de Solidaridad Fronteriza realiza talleres específicos para estos sectores con el fin de evitar actos que ataquen directamente a la población haitiana, como las extorsiones que sufren los comerciantes o los mensajes emitidos a través de los medios que reproducen estereotipos negativos.

Articulación del tejido social

Convencidos de que la unión hace la fuerza, Solidaridad Fronteriza trata de fortalecer el asociacionismo en la zona. El clientelismo, la apropiación por los partidos políticos de las asociaciones, la ausencia de líderes y la escasa participación de los jóvenes en asuntos sociales han provocado el debilitamiento de las asociaciones locales. Con esta línea de acción, este organismo trata de lograr que los ciudadanos puedan promover cambios sociales presionando a las autoridades locales para que resuelvan problemas que para ellos deberían estar en el primer puesto de la agenda política. Su reto es que las asociaciones alcancen una voz que se tenga en cuenta en la acción municipal.