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Ecuador: derechos humanos contra la inseguridad en la frontera El cordón fronterizo colombo-ecuatoriano es una zona de por sí peligrosa e insegura debido al conflicto armado, además de muy empobrecida. En las comunidades de esta región amazónica, miles de colombianos y colombianas que han huido de la violencia en su país tratan de empezar de cero junto a la población local. Entreculturas apoya al Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes para defender sus derechos. ![]() Ecuador es el país latinoamericano don-de viven más personas en estas circunstancias. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que suman alrededor de 250.000. La frontera norte, por donde entran miles de personas cada año huyendo del conflicto armado colombiano, es una zona especialmente convulsa debido a las repetidas incursiones del ejército y los grupos guerrilleros del país vecino. Una inseguridad que afecta a toda la población de esta región amazónica y es mayor para las familias colombianas en situación de refugio, más aún cuando su situación no está regularizada (a pesar de los esfuerzos que el Gobierno ecuatoriano ha realizado en los últimos años, son sólo 54.000 las personas reconocidas oficialmente como refugiadas en todo el país). En este contexto, el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM) de Ecuador trabaja, con el apoyo de Entreculturas y en colaboración con otras instituciones locales como ISAMIS e internacionales como Cruz Roja Internacional, en el acompañamiento, asesoramiento y protección de derechos de las personas refugiadas, para tratar de atajar así la crisis humanitaria derivada de sucesivos desplazamientos de grandes poblaciones desde Colombia a Ecuador, que se instalan en las comunidades de la selva amazónica. En la zona oriental de esa frontera acaba de estar la técnica responsable de Ecuador en Entreculturas, Ana Vázquez Ponzone, y nos ha contado sus impresiones al acompañar al SJRM: "La mitad del río San Miguel pertenece a Colombia y la otra mitad a Ecuador. El agua baja con fuerza mientras unas barcas alargadas y estrechas luchan contra la corriente para atravesar el río. De un lado al otro, de manera esporádica cruza el río algo mucho más importante que la gasolina, los animales, los comestibles y otras mercancías para el comercio: cruzan vidas que arriesgan lo poco que tienen en busca de paz, huyendo de la violencia generalizada o sencillamente buscando una vida mejor. Una vez más me digo que el ser humano siempre se ha movido y se moverá en busca de algo mejor para sí y para los suyos. ¿Quién no lo haría? Nadie quiere vivir bajo la amenaza y la violencia, de eso estoy segura". Desde el terreno, Ana puede ayudarnos a "traducir las cifras a vidas". Las 250.000 personas no reconocidas como refugiadas viven con "la falta de acceso a servicios sociales básicos, la imposibilidad de conseguir un trabajo que les permita volver a empezar, la dificultad de acceso a una vivienda o la desescolarización de niños y niñas que tienen problemas para ingresar en los centros educativos. Y si aterrizáramos un poco más la mirada, podríamos sentir los traumas con los que estas personas llegan a este nuevo contexto, los miedos, temores y angustias que muchos de los refugiados y refugiadas presentan. Si nos ponemos en la piel de una mujer seríamos capaces de ver las marcas sufridas en situaciones de explotación sexual y de violencia de género que muchas de ellas cargan por estar desprotegidas".
Más allá de la asistencia humanitaria A todas estas dificultades se suma el rechazo de la sociedad de acogida, también en situación de vulnerabilidad debido a la pobreza y la falta de servicios sociales básicos. Por eso Entreculturas trabaja desde 2009 junto al SJRM Ecuador para defender tanto los derechos de la población refugiada como los de la población local, con una visión que trasciende la simple asistencia humanitaria y construye propuestas de intervención integrales y acordes a las necesidades más profundas de las dos poblaciones afectadas, tanto la colombiana como la ecuatoriana. Así, impulsa una acción social que vaya más allá de la pura asistencia, no sólo para modificar las condiciones concretas del refugio colombiano, sino para contribuir a que la misma sociedad ecuatoriana se vuelva más incluyente y tolerante. En una primera visita a las comunidades, las brigadas detectan este tipo de casos, para después regresar con asistencia jurídica, médica y psicológica, además de talleres diseñados según las necesidades detectadas tras la primera toma de contacto. A pesar del estado permanente de tensión y desconfianza en que viven estas comunidades por razones lógicas, el trabajo del SJRM es bien recibido y con cada visita aumentan las demandas. En las zonas de San Lorenzo y Lago Agrio (en la provincia también fronteriza de Sucumbíos), a lo largo de 2010, cerca de 4.400 personas han recibido ayuda para emprender acciones legales, atención médica y apoyo psicosocial, con énfasis en la violencia de género y la atención a menores. Más de 300 se han incorporado al sistema educativo ecuatoriano a través de convenios con diferentes centros, lo cual, además de suponer el cumplimiento de su derecho a la educación, favorece su integración en la sociedad y evita en gran medida las situaciones de riesgo.
Además de ayudar a la población más vulnerable a arreglar sus papeles para poder acceder a mejores empleos, integrarse en la sociedad y superar los casos de agresión, desde el terreno, el SJRM, apoyado por Entreculturas, ha realizado grandes esfuerzos en el último año para prevenir la discriminación y la violencia mediante sensibilización e incidencia política. Campañas como "Por una sociedad igualitaria, incluyente y sin violencia" o "Convivir en Solidaridad" han llegado a miles de ciudadanos, y se han celebrado importantes eventos para visibilizar, analizar y debatir este fenómeno, como el IV Foro Social Mundial de las Migraciones, donde se creó la Agenda Política de las Mujeres en contexto de Movilidad Humana, y la Conferencia Regional Humanitaria sobre la Protección de Personas Desplazadas y Refugiadas. Como nos explica nuestra compañera Ana Vázquez, mientras dure el conflicto armado la población colombiana continuará moviéndose en busca de algo mejor. Por eso el trabajo del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, tanto en el terreno como en las instituciones, sigue y seguirá siendo necesario para garantizar los derechos de miles de personas.
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